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Primero, que sí, que llegó la anhelada hora. Y luego, que no, que de ninguna manera… Finalmente, que sí pero no así. O que de plano ya no. En fin, así de esperanzadora, frustrante y confusa va la política de drogas del presidente Petro.
Del zar antidrogas, Felipe Tascón, leímos refrescantes declaraciones el sábado pasado en The Washington Post. Sugirió, por ejemplo, que en la política que defiende no se habla del problema de las drogas sino de los problemas de su prohibición. Magnífica corrección que podría llevar a que, para empezar, dejásemos de lado la idea misma de “zar antidrogas”, heredada de los que declararon la eterna guerra.
En palabras de Tascón, vamos (¿íbamos?) hacia la descriminalización de la cocaína. Aquello sobre lo que hay un consenso en la academia, buena parte del periodismo y numerosos sectores políticos, tanto nacionales como regionales.
No tardó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en ponerle un freno a la emoción previamente desatada. “Quiero aclararlo…”, dijo ante los medios de comunicación, o mejor: “Quiero aclararlo con vehemencia”, con énfasis, con todas las ganas de corregir a su colega: “No se va a legalizar la cocaína”. De lo que se trataría es de dirigir la energía represiva lejos de los campesinos que cultivan la hoja de coca. La supervivencia económica de las familias cocaleras pasa, por fortuna, a un primer renglón de prioridades.
Después el turno fue para el presidente Petro. Ahora está claro que se suspenden las fumigaciones aéreas y se le dará preeminencia a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Si los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos no prosperan, vuelve la erradicación forzada.
Comparado con gobiernos anteriores, el cambio en la retórica oficial es real y bienvenido. Sin embargo, la actitud vergonzante frente a la fallida guerra contra las drogas no está a la altura de lo prometido en campaña. O lo reiterado en el discurso presidencial inaugural.
