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Nada más sobrediagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.
La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3.500 empresas (el 0,35 %) pagan el 70 % del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6 % de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y, por supuesto, muy lejos de la OCDE, que se acerca al 25 % del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20 %) comparado con la OCDE (cerca del 35 %) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25 %), donde solo México y Perú nos superan por lo bajo.
Pero no solo el sistema funciona exactamente al revés, comparado con aquel del que gozan las economías más equitativas, sino que en muchos aspectos es francamente inmoral. Basta saber que los deciles de más altos ingresos de la población capturan la mayoría del subsidio implícito en el IVA en virtud de tarifas reducidas y exenciones. Para completar, el umbral a partir del cual las personas empiezan a pagar impuesto de renta personal es elevado, casi cuatro veces superior al de la OCDE, lo que sin ambigüedades significa que aquí solo unos pocos pagan impuestos.
Y no obstante hemos logrado reducir la pobreza del 49,7 % en 2002 al 26,9 % en 2017, sigue existiendo en nuestro país un 40 % de la población con altos grados de vulnerabilidad. La clase alta representa tan solo el 2,3 % de los colombianos y la clase media la componen tres de cada diez. En todo caso, en el país todavía conviven 12,9 millones de personas en condición de pobreza monetaria y 3,6 millones más en situación de pobreza monetaria extrema. No es secreto, entonces, que se requieren algunos subsidios, como tampoco es sorpresa saber que ya no hay quién los pague.
Con este panorama, no resulta fácil explicar y entender la reticencia y la incapacidad ya crónica de gobiernos, congresos y empresarios para acordar una reforma que permita corregir de una vez por todas tanto entuerto junto. Es lamentable verificar que todavía no llega el momento feliz, donde sea posible pactar un sacrificio temporal de algunos para garantizar en el largo plazo un enriquecimiento general de todos. Pan para hoy, hambre para mañana.
Vale la pena resaltar, por último, la simpleza del debate tributario promovido con exclusivo apego a los eslóganes franquiciados por los promotores de lo políticamente correcto. Más que un examen de lo que conviene al país, la discusión tributaria ha quedado capturada por aquello que los bolcheviques utilizaban para multiplicar sus bases: “Propaganda dirigida al cerebro, con agitación dirigida al corazón”.
