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La actitud de los ciudadanos frente a los temas públicos está haciendo que gobernar a Colombia con responsabilidad en cualquier nivel territorial sea una tarea impopular y casi imposible. Y la razón es simple. La gente exige con impaciencia derechos sin límite, mientras desconoce el entorno, no oye razones, renuncia a sus obligaciones y pretende incluso que el Estado solucione lo que cada cual, con algo de fuerza de voluntad, sería capaz de resolver.
Estamos entrando en una época en la cual nos comportamos como niños, donde se quieren las cosas pero no sus consecuencias y se exige, además, que todo llegue de manera inmediata. Es paradójico: a pesar de que cada día nos demuestra lo contrario, creemos que el Estado es un semidios que todo lo puede, y que su sola voluntad es suficiente para que nuestras realidades cambien y podamos, ahí sí, garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Claro está, nuestros niveles de exigencia no tienen relación alguna con nuestras limitaciones fiscales e institucionales, y resulta franca y abiertamente impopular proponer mecanismos para contribuir a superarlas.
Nada de lo anterior significa que no reconozca que el país está plagado de miserias y necesidades, de falta de oportunidades y de inequidad, ni tampoco que el Estado a través de sus instituciones actúa con frecuencia de manera insolente en contra de los ciudadanos. Pero de manera constante también, es el reclamo, nos empeñamos en impedir las transformaciones que harían posible superar las causas eficientes de tantas injusticias, las cuales, esa es la verdad, pasan por enormes sacrificios. Somos diligentes en extremo para impedir y obstaculizar la construcción de soluciones mientras nos empeñamos en reclamar que las cosas cambien. Y a los políticos ningún costo político les parece soportable ante beneficios en el largo plazo, y sólo pocos parecen dispuestos a contrariar lo que parece popular.
Es el caso, por supuesto, del problema pensional en donde cada día son más los viejos, menos personas son económicamente activas y la gente vive más años, con lo cual se alarga el tiempo del subsidio. Atreverse, sin embargo, a plantear abiertamente medidas de equidad intergeneracional haciendo énfasis en lo obvio, que es un aumento de la edad para pensionarse, parece no una idea, sino un insulto. Lo propio pasa cuando se dice lo evidente: no hay sistema de salud ilimitado, ni aunque se acaben la corrupción, el derroche y la ineficiencia del Estado. Tan insoportable resulta la inequidad en Colombia como confirmar que ésta aumenta en vez de reducirse luego de aplicar subsidios. Infame es, pues, encontrar oposición a la revisión general del esquema de contribuciones sociales escudados en la acusación de que se quieren recortar las ayudas los pobres. Dígalo y verá cómo le caen en linchamiento público.
Gobernar parece que se ha convertido en una placentera tarea que consiste en hacer aquello que las masas quieren, no lo que les conviene, no lo que la responsabilidad indica que se necesita para que se pueda vivir mejor, sin tantas injusticias. Triste ocaso de una profesión que buscaba servir a los demás, que no es lo mismo que complacerlos, que darles gusto.
