Un interesante debate ha sido abierto en estas últimas semanas por cuenta de las declaraciones del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien en difundida entrevista sostiene que los líderes empresariales andan ausentes del debate político colombiano, manteniendo “un bajo perfil”, mientras el populismo avanza y se consolida en el mundo occidental una tendencia política anticapitalista y antiempresarial.
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Y lo cierto es que Moreno no está loco. Por el contrario, pone de presente en nuestro país un debate en el que está inmerso el mundo entero, impulsado incluso por los líderes de grandes corporaciones y conglomerados económicos (ver, por ejemplo, Business Roundatable). En las discusiones sobre la materia, no sólo andan preguntándose por los límites y posibilidades del capitalismo, sino que incluso evalúan cuál debería ser el nuevo rol de la propia empresa privada en la sociedad, en un momento en el cual la maximización de utilidades para los accionistas, el pago de impuestos y la generación de empleo no parecen suficientes.
Gústenos o no, esa es la realidad. Empleados y clientes, medios de comunicación, partidos políticos y sectores de la opinión exigen más de las empresas y quieren verlas comprometidas no solo con la satisfacción de los intereses de sus propietarios, sino también directamente vinculadas en causas sociales, asumiendo posiciones éticas sobre su entorno, compenetradas con sus comunidades, haciéndose responsables incluso de externalidades sobre las cuales pueden no tener capacidad de incidencia. Ahí están, por ejemplo, las cuestiones ambientales y de salud pública, la responsabilidad extendida del productor, la calidad del empleo y las demandas de inversión en las comunidades.
Las “Empresas B”, aquellas que dicen ser no sólo las mejores del mundo, sino las mejores “para el mundo”, son un buen ejemplo para entender por dónde va la cosa, pues hábilmente combinan la necesidad del ánimo de lucro empresarial con la idea de un propósito; el de dar solución a problemas sociales concretos, tales como los intereses puntuales de los empleados, los proveedores, los clientes y el medio ambiente.
Todavía no es claro hacia dónde irá a parar este debate, como tampoco es posible saber en qué medida la presión política sobre las empresas termine, como lo anticipa The Economist (“What companies are for”), en un activismo desmedido de gerentes y presidentes de empresa que, de manera arbitraria y politiquera, empiecen a tomar decisiones y destinar recursos en contravía de la eficiencia y en contra de los intereses de los accionistas para satisfacer las demandas de la galería. O, quizás, es también una posibilidad para una intervención agresiva del Estado en la economía con el propósito de racionalizar monopolios, desmontar barreras de ingreso y actuar sobre el mercado y sus imperfecciones para garantizar la expansión de los beneficios del capitalismo en su más auténtica expresión.
En todo caso, para saber la marcha del debate se hace necesario participar en él y quienes deben promoverlo son sin duda los líderes empresariales que tienen a su cargo no solamente la responsabilidad de dar cuentas a sus accionistas, sino de competir en un ambiente complejo en donde no solamente se evalúa, se premia y se castiga en el mercado la rentabilidad económica, sino también el comportamiento “ciudadano” que desarrollan las empresas para relacionarse con sus entornos, sus comunidades y colaboradores. Comparto la idea de que a los empresarios les llegó el momento de participar.
