Llegado a su fin el proceso de La Habana y refrendado el texto suscrito entre el Gobierno y las Farc en el Congreso, se abre finalmente paso la implementación de lo acordado.
Y aunque todos estamos pendientes de que las Farc dejen las armas, se desmovilicen, renuncien a la violencia, abandonen el negocio de la droga, delaten a sus socios narcotraficantes, entreguen sus bienes y devuelvan a los secuestrados y a los niños forzosamente reclutados; no se puede desconocer que la mayor carga de trabajo en la implementación del acuerdo está en cabeza del Estado y sus instituciones.
Desde el punto de vista regulatorio, con o sin fast track el camino es largo y tortuoso, y no lo digo desde lo político/electoral: ¿Qué nos vamos a inventar para sacar adelante una reforma electoral que mejore la marcha de la política y reduzca la corrupción? ¿Qué controles debe tener el diseño institucional de la jurisdicción especial para la paz con el propósito de evitar la réplica de los vicios oprobiosos de nuestro empobrecido y desacreditado sistema judicial? Y así, entre una cosa y otra, entre el tema rural y el político, entre las demandas de seguridad para líderes sociales y la adecuación presupuestal para lograrlo, para solo mencionar un par de temas, parece ser evidente que resultan necesarias casi medio centenar de nuevas normas ordinarias, estatutarias y por supuesto también, la inclusión de no menos de 30 artículos transitorios o permanentes en la Constitución política.
Pero como si esto fuera poco, es también menester empezar a entender cómo es que el Estado responderá a tantos capítulos, temas y subtemas de obligaciones materiales, y como hará para, ahora sí, acometer las tareas que nunca emprendió para garantizar los más elementales bienes públicos de seguridad y justicia, así como para cumplir con la provisión de los servicios sociales indispensables para una vida digna en cientos de municipios abandonados por las instituciones. ¿Retos como el de superar el déficit de infraestructura vial, riego, electrificación, salud, agua, vivienda y educación, descritos en el capítulo sobre reforma rural integral, fundamentales para integrar el campo al desarrollo económico y social de nuestro país, se podrán ahora resolver por obra y gracia del acuerdo? ¿Que será pues lo que se hará distinto para no fracasar en el propósito de hacer que el Estado sirva para algo en favor de estos colombianos excluidos, cuando de manera sistemática y reiterada ha fracasado tantas veces? ¿Cómo lograr que la erradicación manual de coca, tan desprestigiada por sus precarios resultados, ahora sí funcione? ¿Qué hacer para que las rutas de la droga no sean heredadas? ¿Cómo hacer para que la plata de las Farc no entre a la política cuando hemos fracasado en la búsqueda de los recursos de la corrupción en las elecciones?
Hacer la paz, que es de lo que se ocupa la implementación, es más difícil que firmar la paz en un papel que a la postre aguanta todo. Y eso es lo que desde hace dos días tenemos entre manos. El debate político es inevitable y necesario en democracia, y hay que entender y respetar que este tema se convierta en la médula de la discusión electoral de cara al 2018. Pero institucionalmente, no hay justificación para argumentar o promover que lo mejor para Colombia es que todo esto salga mal. De ninguna manera; adentrados en este camino de la implementación, no habiendo marcha atrás, resulta claro que la única salida es caminar y caminar firmemente hacia adelante.
@NicolasUribe
Llegado a su fin el proceso de La Habana y refrendado el texto suscrito entre el Gobierno y las Farc en el Congreso, se abre finalmente paso la implementación de lo acordado.
Y aunque todos estamos pendientes de que las Farc dejen las armas, se desmovilicen, renuncien a la violencia, abandonen el negocio de la droga, delaten a sus socios narcotraficantes, entreguen sus bienes y devuelvan a los secuestrados y a los niños forzosamente reclutados; no se puede desconocer que la mayor carga de trabajo en la implementación del acuerdo está en cabeza del Estado y sus instituciones.
Desde el punto de vista regulatorio, con o sin fast track el camino es largo y tortuoso, y no lo digo desde lo político/electoral: ¿Qué nos vamos a inventar para sacar adelante una reforma electoral que mejore la marcha de la política y reduzca la corrupción? ¿Qué controles debe tener el diseño institucional de la jurisdicción especial para la paz con el propósito de evitar la réplica de los vicios oprobiosos de nuestro empobrecido y desacreditado sistema judicial? Y así, entre una cosa y otra, entre el tema rural y el político, entre las demandas de seguridad para líderes sociales y la adecuación presupuestal para lograrlo, para solo mencionar un par de temas, parece ser evidente que resultan necesarias casi medio centenar de nuevas normas ordinarias, estatutarias y por supuesto también, la inclusión de no menos de 30 artículos transitorios o permanentes en la Constitución política.
Pero como si esto fuera poco, es también menester empezar a entender cómo es que el Estado responderá a tantos capítulos, temas y subtemas de obligaciones materiales, y como hará para, ahora sí, acometer las tareas que nunca emprendió para garantizar los más elementales bienes públicos de seguridad y justicia, así como para cumplir con la provisión de los servicios sociales indispensables para una vida digna en cientos de municipios abandonados por las instituciones. ¿Retos como el de superar el déficit de infraestructura vial, riego, electrificación, salud, agua, vivienda y educación, descritos en el capítulo sobre reforma rural integral, fundamentales para integrar el campo al desarrollo económico y social de nuestro país, se podrán ahora resolver por obra y gracia del acuerdo? ¿Que será pues lo que se hará distinto para no fracasar en el propósito de hacer que el Estado sirva para algo en favor de estos colombianos excluidos, cuando de manera sistemática y reiterada ha fracasado tantas veces? ¿Cómo lograr que la erradicación manual de coca, tan desprestigiada por sus precarios resultados, ahora sí funcione? ¿Qué hacer para que las rutas de la droga no sean heredadas? ¿Cómo hacer para que la plata de las Farc no entre a la política cuando hemos fracasado en la búsqueda de los recursos de la corrupción en las elecciones?
Hacer la paz, que es de lo que se ocupa la implementación, es más difícil que firmar la paz en un papel que a la postre aguanta todo. Y eso es lo que desde hace dos días tenemos entre manos. El debate político es inevitable y necesario en democracia, y hay que entender y respetar que este tema se convierta en la médula de la discusión electoral de cara al 2018. Pero institucionalmente, no hay justificación para argumentar o promover que lo mejor para Colombia es que todo esto salga mal. De ninguna manera; adentrados en este camino de la implementación, no habiendo marcha atrás, resulta claro que la única salida es caminar y caminar firmemente hacia adelante.
@NicolasUribe