Cada cuatro años nos jugamos el futuro en las urnas, y cada cuatro años hay razones de fondo para afirmar que esa, antes que cualquier otra, será la elección más importante de la historia de Colombia.
Sin embargo, en esta ocasión hay algo nuevo en el menú de posibilidades electorales. Se trata de una opción política que, inicialmente de manera soterrada, pero después perfectamente abierta y franca, promete un cambio de modelo económico que propone la relativización de la propiedad privada conforme a su criterio de interés público; presenta fórmulas alternativas para sustituir actividades económicas consideradas indeseables y promueve como solución a cada problema económico una institución pública que logre aquello que el sector privado ha sido incapaz de resolver.
Se trata del programa de un “ingeniero social” que descree del mercado y sus asignaciones y se sabe dueño de la fórmula mágica para determinar, mejor que cada uno de nosotros, lo que a cada uno de nosotros nos conviene. Por eso, quiere expropiar tierras para darles el uso que él considera conveniente; por eso propone sustituir las cadenas hoteleras por turismo residencial y por eso, entre tantas otras cosas, perseguirá con toda clase de artimañas administrativas y tributarias aquellas actividades económicas constitucionalmente protegidas, que resultan, según él, nocivas para el bien común: la palma, el petróleo, el carbón, los fondos privados de pensión, la banca privada, la caña y la generación de energía, entre otras tantas.
No sobra recordar que la pérdida de la libertad económica representa casi siempre la puerta de entrada al autoritarismo. El intervencionismo estatal —afirma Mario Vargas Llosa en su último libro— tiene una dinámica propia que, puesta en marcha, no puede detenerse ni retroceder, y obliga al planificador a incrementar su intrusión en los libres cambios hasta acabar con ellos. Intromisión que luego se encarga de decidir sobre lo más íntimo de las personas.
Hay que decirlo sin eufemismos, pero también sin exageraciones que impidan la serena reflexión. El candidato Petro propone a Colombia un modelo económico que estigmatiza la generación de riqueza, que desestimula el esfuerzo privado y maltrata al empresario. Promueve, eso sí, la creación de un individuo que dependerá exclusivamente de la generosidad de un Estado inmenso y de sus dádivas. Estatizar las propiedades productivas y planificar la economía no es democrático ni hace libre a nadie; como tampoco es posible que el Estado reparta la riqueza que no han creado los particulares. Hace siglos se hizo obvio que el altruismo no genera progreso: nadie come carne gracias a la generosidad del carnicero, decía Adam Smith.
Yo no soy autoridad para andar recomendando candidato. Pero sí tengo temor por el lugar privilegiado que la gente ha dado en las encuestas a quien, nutrido de ironías y amenazas, propone una serie de medidas que conducen el país a la bancarrota. Si alguien como él llega a la Casa de Nariño, fracasará en su modelo totalitario de planificación económica, no sin antes destruir nuestro precario aparato productivo y con él un poco de cada uno de nosotros.
Este es pues el calibre de nuestra decisión en la próxima contienda electoral.
