Colombia está en medio de una discusión absurda, políticamente orientada para plantear mentirosos dilemas entre las actividades mineroenergéticas y su compatibilidad con el agua, la agricultura, el medioambiente y las costumbres de las comunidades.
Es increíble, pero aquí aún encuentra eco la idea de que al explotar una mina la gente debe decidir entre el oro y la vida o cuando se extrae petróleo se debe renunciar a tener fuentes hídricas.
Bello Horizonte, en Brasil, es una ciudad de más de dos millones y medio de habitantes rodeada por minas a cielo abierto, algunas en operación y otras en proceso de reforestación (No tienen que ir, basta verlo en Google Earth). Como es obvio, no hay una crisis de sed ni una epidemia de intoxicaciones. Esta ciudad es la capital del Estado de Minas Gerais (Minas Generales) y su equipo es el Atlético Mineiro (El noveno más costoso de la liga brasilera). La Mina el Teniente, en Chile, es la explotación subterránea de cobre más grande del mundo. Está ubicada a 50 kilómetros, aguas arriba, de la ciudad de Rancagua, en el valle del Cachapoal, en donde el 80% del área plantada se dedica a la producción de los deliciosos vinos chilenos.
Claramente esto demuestra que tanta amenaza y falso dilema solo tiene sustento ideológico, lleno de prejuicios, capaz de generar conflictos que priven a la gente de las oportunidades que brindan actividades legales que se pueden hacer con perfecto apego y vigilancia a estándares internacionales que garantizan la protección del ambiente y la conservación de las fuentes hídricas y las culturas tradicionales.
Pero siendo francos, lo que sucede en Colombia no es una discusión sino una guerra, una ofensiva contra las actividades extractivas y la industria mineroenergética. No de otra forma se explican tantos elementos que intrigan para que cada día sea más difícil perforar un pozo petrolero, construir una mina o hacer una hidroeléctrica.
Como están las cosas hoy, la artillería antiextractiva que opera en Colombia se sirve de toda clase de municiones. Está un plan mediático que abusa de la desinformación y busca someter con populismo y falsos dilemas a comunicadores y ciudadanos por igual, seduciéndolos con la causa noble de la aparente protección de entornos que no están en riesgo. Está la estrategia popular, aquella que apela a las movilizaciones sociales para hacer paros, bloqueos y reivindicaciones sociales contra las empresas, como si éstas fueran responsables del abandono del Estado. Pregunten no más por el abuso sin límite del mecanismo de las consultas previas o por el estado de extorsión permanente en el que viven petroleras para contratar mano de obra local y proveedores regionales. La estrategia antiextractiva se sirve también de la debilidad institucional y la promueve, buscando la descoordinación entre las entidades del sector e ignorando la corrupción en muchas de las autoridades ambientales regionales a las cuales quieren llenar de competencias para volverlas más permeables a sus influencias y presiones. Y está por supuesto la guerra jurídica, aquella que hoy tiene enredado como nunca el marco regulatorio de la actividad extractiva al punto de estar cerca de inviabilizarla. Consultas populares que anulan el mandato constitucional de la propiedad del Estado sobre los recursos no renovables, decisiones abusivas de toda clase de instancias judiciales que suspenden actividades licenciadas y fallos con sustentos ideológicos del más alto tribunal constitucional son parte del menú que hoy deben digerir aquellos que se empeñan en invertir en nuestro país.
Aquí no hay dilemas reales ni amenazas concretas, sino malquerencias ideológicas contra un sector que desarrollándose responsablemente puede aportar los recursos que necesita Colombia para construir la paz y salir de la pobreza.
Colombia está en medio de una discusión absurda, políticamente orientada para plantear mentirosos dilemas entre las actividades mineroenergéticas y su compatibilidad con el agua, la agricultura, el medioambiente y las costumbres de las comunidades.
Es increíble, pero aquí aún encuentra eco la idea de que al explotar una mina la gente debe decidir entre el oro y la vida o cuando se extrae petróleo se debe renunciar a tener fuentes hídricas.
Bello Horizonte, en Brasil, es una ciudad de más de dos millones y medio de habitantes rodeada por minas a cielo abierto, algunas en operación y otras en proceso de reforestación (No tienen que ir, basta verlo en Google Earth). Como es obvio, no hay una crisis de sed ni una epidemia de intoxicaciones. Esta ciudad es la capital del Estado de Minas Gerais (Minas Generales) y su equipo es el Atlético Mineiro (El noveno más costoso de la liga brasilera). La Mina el Teniente, en Chile, es la explotación subterránea de cobre más grande del mundo. Está ubicada a 50 kilómetros, aguas arriba, de la ciudad de Rancagua, en el valle del Cachapoal, en donde el 80% del área plantada se dedica a la producción de los deliciosos vinos chilenos.
Claramente esto demuestra que tanta amenaza y falso dilema solo tiene sustento ideológico, lleno de prejuicios, capaz de generar conflictos que priven a la gente de las oportunidades que brindan actividades legales que se pueden hacer con perfecto apego y vigilancia a estándares internacionales que garantizan la protección del ambiente y la conservación de las fuentes hídricas y las culturas tradicionales.
Pero siendo francos, lo que sucede en Colombia no es una discusión sino una guerra, una ofensiva contra las actividades extractivas y la industria mineroenergética. No de otra forma se explican tantos elementos que intrigan para que cada día sea más difícil perforar un pozo petrolero, construir una mina o hacer una hidroeléctrica.
Como están las cosas hoy, la artillería antiextractiva que opera en Colombia se sirve de toda clase de municiones. Está un plan mediático que abusa de la desinformación y busca someter con populismo y falsos dilemas a comunicadores y ciudadanos por igual, seduciéndolos con la causa noble de la aparente protección de entornos que no están en riesgo. Está la estrategia popular, aquella que apela a las movilizaciones sociales para hacer paros, bloqueos y reivindicaciones sociales contra las empresas, como si éstas fueran responsables del abandono del Estado. Pregunten no más por el abuso sin límite del mecanismo de las consultas previas o por el estado de extorsión permanente en el que viven petroleras para contratar mano de obra local y proveedores regionales. La estrategia antiextractiva se sirve también de la debilidad institucional y la promueve, buscando la descoordinación entre las entidades del sector e ignorando la corrupción en muchas de las autoridades ambientales regionales a las cuales quieren llenar de competencias para volverlas más permeables a sus influencias y presiones. Y está por supuesto la guerra jurídica, aquella que hoy tiene enredado como nunca el marco regulatorio de la actividad extractiva al punto de estar cerca de inviabilizarla. Consultas populares que anulan el mandato constitucional de la propiedad del Estado sobre los recursos no renovables, decisiones abusivas de toda clase de instancias judiciales que suspenden actividades licenciadas y fallos con sustentos ideológicos del más alto tribunal constitucional son parte del menú que hoy deben digerir aquellos que se empeñan en invertir en nuestro país.
Aquí no hay dilemas reales ni amenazas concretas, sino malquerencias ideológicas contra un sector que desarrollándose responsablemente puede aportar los recursos que necesita Colombia para construir la paz y salir de la pobreza.