En su última publicación, la encuesta de Gallup ubica al sistema judicial colombiano con el 81% de desfavorabilidad, solo por debajo de las Farc y Venezuela.
Al Congreso (76%) y a los partidos políticos (80%) que son tradicionalmente instituciones con poca credibilidad, incluso les va mejor en aceptación ciudadana. La justicia en general duplicó su mala imagen en los últimos siete años y redujo en más de tres partes su favorabilidad. La Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 63%, y la Corte Constitucional tiene una imagen negativa del 59%. La Fiscalía General de la Nación es, a pesar de sí misma, la mejor librada y tiene una desfavorabilidad del 57%. Hay que agradecer a Gallup que no incluya al INPEC en sus mediciones. ¿Es esto acaso percepción equivocada de la realidad, o existen causas objetivas para que la mayoría de colombianos descrean de la justicia?
Mi impresión es que el Sistema Judicial hace méritos sin límite para construir una sólida imagen de desprestigio. ¿Por qué esto no parece grave a sus más importantes y encumbrados operadores? ¿Por qué no se mosquean frente al rechazo de los ciudadanos frente a sus decisiones? ¿Por qué se renunció a una reforma estructural a la justicia? Lo cierto es que la política se trasladó a las Cortes y tribunales, y la corrupción ha encontrado una nueva trinchera. El resultado de las encuestas refleja, creo yo, el sentimiento de indefensión de los ciudadanos frente a la desprotección de sus derechos.
Razones para explicar la postración en la que se encuentra la justicia hay de todos los pelambres e incluso hay algunas que hacen ya parte del paisaje: Corruptos procesados se pasean por las calles sin ninguna restricción; no está prohibido llevarle en su cumpleaños bailarinas empelotas al director de una penitenciaría y los condenados célebres tienen derecho a tener un palacete como cárcel. Disparar a policías en una marcha no tiene sanción penal y ladrones de cuello blanco nunca devuelven lo que se robaron y son condenados a penas irrisorias. Y ni hablemos de los falsos testigos, de los abusos de las medidas de aseguramiento, de las filtraciones de procesos para condenar a través de los medios de comunicación, de los miles de sindicados sin expectativas de resolución de su proceso o de los magistrados que presuntamente negocian decisiones por puestos para familiares, tal como acaba de suceder en el Tolima. Y qué decir de la agenda política soterrada que ahora embriaga a algunos jueces. ¿Si no hay politización en la justicia, como se explica entonces que la conformación de la terna para la elegir al nuevo fiscal general haya terminado en la más grave crisis de la coalición gobernante?
Las dificultades de la justicia no son cosméticas: No sabemos hoy quién gobierna y administra la justicia porque la judicatura está en interinidad, las sentencias se expresan por comunicado y no hay ningún respeto del precedente judicial. Los fallos se expiden o engavetan oportunamente para causar impacto político y por cuenta del abuso a la tutela se acabaron los tribunales de cierre. No hay plata, la congestión es despreciable y las condiciones laborales son francamente lamentables. Como ven, ni simplemente listadas, cabrían en esta columna todas las perversidades de las que sufre hoy nuestro sistema judicial.
Menudo reto es pues el que tiene entre sus manos el nuevo ministro de Justicia.
@NicolasUribe
En su última publicación, la encuesta de Gallup ubica al sistema judicial colombiano con el 81% de desfavorabilidad, solo por debajo de las Farc y Venezuela.
Al Congreso (76%) y a los partidos políticos (80%) que son tradicionalmente instituciones con poca credibilidad, incluso les va mejor en aceptación ciudadana. La justicia en general duplicó su mala imagen en los últimos siete años y redujo en más de tres partes su favorabilidad. La Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 63%, y la Corte Constitucional tiene una imagen negativa del 59%. La Fiscalía General de la Nación es, a pesar de sí misma, la mejor librada y tiene una desfavorabilidad del 57%. Hay que agradecer a Gallup que no incluya al INPEC en sus mediciones. ¿Es esto acaso percepción equivocada de la realidad, o existen causas objetivas para que la mayoría de colombianos descrean de la justicia?
Mi impresión es que el Sistema Judicial hace méritos sin límite para construir una sólida imagen de desprestigio. ¿Por qué esto no parece grave a sus más importantes y encumbrados operadores? ¿Por qué no se mosquean frente al rechazo de los ciudadanos frente a sus decisiones? ¿Por qué se renunció a una reforma estructural a la justicia? Lo cierto es que la política se trasladó a las Cortes y tribunales, y la corrupción ha encontrado una nueva trinchera. El resultado de las encuestas refleja, creo yo, el sentimiento de indefensión de los ciudadanos frente a la desprotección de sus derechos.
Razones para explicar la postración en la que se encuentra la justicia hay de todos los pelambres e incluso hay algunas que hacen ya parte del paisaje: Corruptos procesados se pasean por las calles sin ninguna restricción; no está prohibido llevarle en su cumpleaños bailarinas empelotas al director de una penitenciaría y los condenados célebres tienen derecho a tener un palacete como cárcel. Disparar a policías en una marcha no tiene sanción penal y ladrones de cuello blanco nunca devuelven lo que se robaron y son condenados a penas irrisorias. Y ni hablemos de los falsos testigos, de los abusos de las medidas de aseguramiento, de las filtraciones de procesos para condenar a través de los medios de comunicación, de los miles de sindicados sin expectativas de resolución de su proceso o de los magistrados que presuntamente negocian decisiones por puestos para familiares, tal como acaba de suceder en el Tolima. Y qué decir de la agenda política soterrada que ahora embriaga a algunos jueces. ¿Si no hay politización en la justicia, como se explica entonces que la conformación de la terna para la elegir al nuevo fiscal general haya terminado en la más grave crisis de la coalición gobernante?
Las dificultades de la justicia no son cosméticas: No sabemos hoy quién gobierna y administra la justicia porque la judicatura está en interinidad, las sentencias se expresan por comunicado y no hay ningún respeto del precedente judicial. Los fallos se expiden o engavetan oportunamente para causar impacto político y por cuenta del abuso a la tutela se acabaron los tribunales de cierre. No hay plata, la congestión es despreciable y las condiciones laborales son francamente lamentables. Como ven, ni simplemente listadas, cabrían en esta columna todas las perversidades de las que sufre hoy nuestro sistema judicial.
Menudo reto es pues el que tiene entre sus manos el nuevo ministro de Justicia.
@NicolasUribe