Es costumbre en nuestro medio atribuir propiedades mágicas a las reformas legales y constitucionales. Ahora, por ejemplo, se jura y perjura que con la nueva reforma política que se debate en el Congreso se logrará mejorar la calidad de la política. Sin embargo, vale la pena de vez en cuando recordar que la mejor reforma a la política poco tiene que ver con modificar la edad de acceso a cargos públicos, cambiar la estructura del Consejo Electoral o incluir la democracia interna en los partidos, entre muchos otros temas. Lo más relevante, lo único eficaz, es simple y llanamente el cumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia. Para ello, vale la pena darse una vuelta por el Código Penal y su título XIV, en donde en 16 artículos se consagra aquello que no puede hacerse en contra de los mecanismos de participación ciudadana. Si en Colombia estas conductas no se presentaran, esto, más que cualquier cosa, tendría un efecto cierto, específico y virtuoso en la calidad de la política y en la promoción de los mejores a los cargos públicos.
De hecho, el pasado 17 de agosto el presidente Santos sancionó la Ley 1864, por medio de la cual se adicionan nuevos elementos a los tipos penales hasta ahora existentes y se incrementan penas, se establecen multas, se crean delitos y se desarrollan instrumentos de coordinación institucional para combatir el fraude electoral.
En virtud del Código Penal, y para los que no lo saben, en Colombia se castiga desde hace décadas con cárcel la perturbación del certamen electoral, el constreñimiento al elector, el fraude al elector, el fraude en la inscripción de cédulas, la corrupción al sufragante, el tráfico de votos, la alteración de resultados electorales y muchas otras conductas que son el pan de cada día de nuestro proceso electoral y factores determinantes en los resultados finales de las elecciones. Con la nueva norma, se penaliza también la elección de candidatos inhabilitados, la financiación electoral con fuentes prohibidas, la violación de topes o límites de gastos en campaña y la omisión de información del aportante. Aleluya.
Pero ya lo repite hasta la saciedad el Consejo Superior de Política Criminal: resulta inocuo y hasta contraproducente aumentar penas y crear nuevos tipos penales si no hay cambios y mejoras en la capacidad institucional para perseguir, acusar y castigar a los culpables. Y para la muestra un botón: hasta finales de 2015 había apenas tres personas condenadas y ocho personas sindicadas por delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. En un país en donde el fraude electoral es la costumbre, en donde se compran votos con los billetes de más alta denominación, en donde se prometen subsidios, puestos, tejas, cemento y mercados si los votos aparecen en las urnas, se ha condenado apenas a tres personas por cuenta de delitos relacionados con ese tipo de comportamientos. En el país en donde cortan el agua hasta cuando la gente salga a votar, en donde funcionan el carrusel electoral y la intervención de la contratación pública en el día de las elecciones, hay ocho sindicados por delitos electorales.
Por eso y por mucho más, la mejor reforma política y electoral es sin duda una reforma a la justicia.
Es costumbre en nuestro medio atribuir propiedades mágicas a las reformas legales y constitucionales. Ahora, por ejemplo, se jura y perjura que con la nueva reforma política que se debate en el Congreso se logrará mejorar la calidad de la política. Sin embargo, vale la pena de vez en cuando recordar que la mejor reforma a la política poco tiene que ver con modificar la edad de acceso a cargos públicos, cambiar la estructura del Consejo Electoral o incluir la democracia interna en los partidos, entre muchos otros temas. Lo más relevante, lo único eficaz, es simple y llanamente el cumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia. Para ello, vale la pena darse una vuelta por el Código Penal y su título XIV, en donde en 16 artículos se consagra aquello que no puede hacerse en contra de los mecanismos de participación ciudadana. Si en Colombia estas conductas no se presentaran, esto, más que cualquier cosa, tendría un efecto cierto, específico y virtuoso en la calidad de la política y en la promoción de los mejores a los cargos públicos.
De hecho, el pasado 17 de agosto el presidente Santos sancionó la Ley 1864, por medio de la cual se adicionan nuevos elementos a los tipos penales hasta ahora existentes y se incrementan penas, se establecen multas, se crean delitos y se desarrollan instrumentos de coordinación institucional para combatir el fraude electoral.
En virtud del Código Penal, y para los que no lo saben, en Colombia se castiga desde hace décadas con cárcel la perturbación del certamen electoral, el constreñimiento al elector, el fraude al elector, el fraude en la inscripción de cédulas, la corrupción al sufragante, el tráfico de votos, la alteración de resultados electorales y muchas otras conductas que son el pan de cada día de nuestro proceso electoral y factores determinantes en los resultados finales de las elecciones. Con la nueva norma, se penaliza también la elección de candidatos inhabilitados, la financiación electoral con fuentes prohibidas, la violación de topes o límites de gastos en campaña y la omisión de información del aportante. Aleluya.
Pero ya lo repite hasta la saciedad el Consejo Superior de Política Criminal: resulta inocuo y hasta contraproducente aumentar penas y crear nuevos tipos penales si no hay cambios y mejoras en la capacidad institucional para perseguir, acusar y castigar a los culpables. Y para la muestra un botón: hasta finales de 2015 había apenas tres personas condenadas y ocho personas sindicadas por delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. En un país en donde el fraude electoral es la costumbre, en donde se compran votos con los billetes de más alta denominación, en donde se prometen subsidios, puestos, tejas, cemento y mercados si los votos aparecen en las urnas, se ha condenado apenas a tres personas por cuenta de delitos relacionados con ese tipo de comportamientos. En el país en donde cortan el agua hasta cuando la gente salga a votar, en donde funcionan el carrusel electoral y la intervención de la contratación pública en el día de las elecciones, hay ocho sindicados por delitos electorales.
Por eso y por mucho más, la mejor reforma política y electoral es sin duda una reforma a la justicia.