Puede parecer estúpido afirmar que en semejante estado de polarización política en la que nos encontramos ambos bandos en disputa puedan tener razón en relación con el mismo tema. Sin embargo, creo que así sucede respecto de la declaratoria del fin de las Farc como grupo armado.
Tienen razón el Gobierno y sus voceros en buscar el reconocimiento nacional por haber logrado que las Farc se desmovilizaran. En el peor de los casos, 7.000 combatientes con sus armas y sus más sanguinarios jefes ya no están levantándose cada mañana para atentar contra el resto de los colombianos. Eso es un logro que no se debe minimizar y que se cuenta en vidas humanas y menos atentados terroristas, extorsiones y secuestros. Por malos que sigan siendo los jefes de las Farc, como creo que en efecto lo siguen siendo, es evidente que resulta menos peligroso para Colombia que su capacidad destructora no tenga a la mano dinamita, metralletas y toda clase de morteros. Bajar del coctel explosivo de bandas criminales, terroristas, narcotraficantes y demás el ingrediente que representa el letrero de las Farc, como en épocas pasadas se desmontó el de los paramilitares, es en sí mismo un muy importante avance que no debe ser desconocido y que representa sin duda el legado principal del mandato del presidente Santos.
Y tiene también razón la oposición cuando afirma que a las Farc no hay que creerles casi nada y que es probable que queden armas sin entregar, caletas sin contabilizar, milicianos sin desmovilizar e incluso reductos armados que ahora se presentan como disidencias. Las Farc nos han acostumbrado a sus trampas y dilaciones, a sus mentiras y contradicciones. Hablar mal de las Farc no es pues hablar mal del proceso ni del Gobierno, y mucho menos implica desconocer el valor de una desmovilización masiva como la que estamos presenciando.
Ahora bien, ¿qué es pues lo malo que trae celebrar la desmovilización de 7.000 miembros de las Farc y al mismo tiempo desconfiar de sus actuaciones para evitar que sus mentiras se conviertan en nuevos focos de violencia? ¿Qué tiene de perverso reconocer el éxito de una política oficial y simultáneamente exigir al Estado que actué sin ingenuidad en el marco de sus competencias para prevenir abusos? ¿No es acaso deseable que el Estado le cumpla a los 7.000 desmovilizados de las Farc, mientras sin titubeos se dedica a capturar disidentes, encontrar armas y caletas y castigar el incumplimiento de quienes se burlan de sus obligaciones en el marco de los acuerdos de La Habana?
Desde la firma, el Estado solamente ha mostrado buena voluntad y disposición de cumplir al pie de la letra los acuerdos. El Gobierno es acusado sin cesar de violar la Constitución, cooptar la Corte Constitucional, desconocer el voto popular, manipular al Congreso y saltarse los contrapesos institucionales. Todo lo anterior, por jugársela sin límite para asistir al desarme de las Farc, evento que presenciamos finalmente esta semana. Habiendo logrado lo anterior, no le haría daño al Gobierno ahora mostrar los dientes un poquito y, en vez de andar defendiendo el proceso por la vía equivocada de estar exculpando de todo a las Farc, debería estar dedicado a resguardar el acuerdo del propio incumplimiento del grupo guerrillero.
Puede parecer estúpido afirmar que en semejante estado de polarización política en la que nos encontramos ambos bandos en disputa puedan tener razón en relación con el mismo tema. Sin embargo, creo que así sucede respecto de la declaratoria del fin de las Farc como grupo armado.
Tienen razón el Gobierno y sus voceros en buscar el reconocimiento nacional por haber logrado que las Farc se desmovilizaran. En el peor de los casos, 7.000 combatientes con sus armas y sus más sanguinarios jefes ya no están levantándose cada mañana para atentar contra el resto de los colombianos. Eso es un logro que no se debe minimizar y que se cuenta en vidas humanas y menos atentados terroristas, extorsiones y secuestros. Por malos que sigan siendo los jefes de las Farc, como creo que en efecto lo siguen siendo, es evidente que resulta menos peligroso para Colombia que su capacidad destructora no tenga a la mano dinamita, metralletas y toda clase de morteros. Bajar del coctel explosivo de bandas criminales, terroristas, narcotraficantes y demás el ingrediente que representa el letrero de las Farc, como en épocas pasadas se desmontó el de los paramilitares, es en sí mismo un muy importante avance que no debe ser desconocido y que representa sin duda el legado principal del mandato del presidente Santos.
Y tiene también razón la oposición cuando afirma que a las Farc no hay que creerles casi nada y que es probable que queden armas sin entregar, caletas sin contabilizar, milicianos sin desmovilizar e incluso reductos armados que ahora se presentan como disidencias. Las Farc nos han acostumbrado a sus trampas y dilaciones, a sus mentiras y contradicciones. Hablar mal de las Farc no es pues hablar mal del proceso ni del Gobierno, y mucho menos implica desconocer el valor de una desmovilización masiva como la que estamos presenciando.
Ahora bien, ¿qué es pues lo malo que trae celebrar la desmovilización de 7.000 miembros de las Farc y al mismo tiempo desconfiar de sus actuaciones para evitar que sus mentiras se conviertan en nuevos focos de violencia? ¿Qué tiene de perverso reconocer el éxito de una política oficial y simultáneamente exigir al Estado que actué sin ingenuidad en el marco de sus competencias para prevenir abusos? ¿No es acaso deseable que el Estado le cumpla a los 7.000 desmovilizados de las Farc, mientras sin titubeos se dedica a capturar disidentes, encontrar armas y caletas y castigar el incumplimiento de quienes se burlan de sus obligaciones en el marco de los acuerdos de La Habana?
Desde la firma, el Estado solamente ha mostrado buena voluntad y disposición de cumplir al pie de la letra los acuerdos. El Gobierno es acusado sin cesar de violar la Constitución, cooptar la Corte Constitucional, desconocer el voto popular, manipular al Congreso y saltarse los contrapesos institucionales. Todo lo anterior, por jugársela sin límite para asistir al desarme de las Farc, evento que presenciamos finalmente esta semana. Habiendo logrado lo anterior, no le haría daño al Gobierno ahora mostrar los dientes un poquito y, en vez de andar defendiendo el proceso por la vía equivocada de estar exculpando de todo a las Farc, debería estar dedicado a resguardar el acuerdo del propio incumplimiento del grupo guerrillero.