En Colombia somos especialistas para entretenernos discutiendo las tragedias ajenas y al mismo tiempo incapaces para construir soluciones que nos sirvan para remediar las propias.
Ocupados en las discusiones sobre la conveniencia de prohibir las armas en Estados Unidos con ocasión de la última masacre en el colegio Newtown, donde perdieron la vida 26 personas entre las cuales estaban 20 niños, nos olvidamos y ni siquiera discutimos las causas de nuestros propios infortunios. Apenas tres días después de la nueva masacre en el colegio de Connecticut, en Colombia, en el kilómetro 96 de la vía Bogotá-Girardot, perdieron la vida 27 personas y 16 quedaron heridas en un nuevo accidente de tránsito, en el que un bus de servicio intermunicipal de pasajeros se quedó sin frenos y chocó de frente contra un barranco. La noticia fue registrada como nota a pie de página y nadie discutió ni cuestionó las razones por las cuales cientos de colombianos mueren anual e impunemente en nuestras carreteras por cuenta de la ilegalidad e informalidad del transporte intermunicipal de carreteras, un sector que el Estado ha sido incapaz de regular y vigilar oportuna y adecuadamente.
La evidencia sobre la falta de interés del Estado por resolver de fondo este problema es apabullante. Mientras en Colombia se efectúan aproximadamente 15 millones viajes por vía aérea cada año y esta actividad se realiza en el marco de toda clase de controles para garantizar la seguridad de los usuarios, por carretera, a través de los servicios de transporte intermunicipal de pasajeros, se realizan casi 200 millones de viajes cada año. Sin embargo, y a diferencia de la modalidad aérea, el transporte carretero es asumido con absoluta indiferencia por las autoridades nacionales, departamentales y municipales y ello explica las razones por las cuales cientos de colombianos perecen cada año, indefensos ante la negligencia del Estado y la irresponsabilidad de los particulares.
Basta un somero acercamiento a lo que sucede en el transporte de carreteras para darse cuenta de que resulta espeluznante. En nuestro medio solamente algunas pocas empresas de transporte son formales y cumplen con las normas existentes. La gran mayoría abusan de los pasajeros, se aprovechan de la asimetría de información en el sector en contra suya y los someten a toda clase de peligros. Las empresas son solamente fachadas de transporte cuyo negocio no es la movilización de pasajeros sino el cobro de una comisión al propietario del bus al que habilitan para que preste el servicio en condiciones que la empresa desconoce y sobre el cual no se hace responsable. Los conductores no tienen controles sino de alcoholemia a la salida de las terminales, pero nadie vigila el exceso de sus horarios ni sus capacidades al volante. La informalidad laboral en el sector es absoluta y la condición técnica de los vehículos no es asunto de las empresas sino de sus propietarios, quienes ahorran en mantenimiento todo cuanto pueden para aumentar el “producido”. La mayoría de las empresas del sector evade impuestos y algunos incluso afirman que es negocio atractivo para el lavado de dinero, pues casi todo se maneja en efectivo.
Millones de personas viajarán esta Navidad por carretera. Ojalá fuera la última en la que lo hacen en las presentes condiciones.
En Colombia somos especialistas para entretenernos discutiendo las tragedias ajenas y al mismo tiempo incapaces para construir soluciones que nos sirvan para remediar las propias.
Ocupados en las discusiones sobre la conveniencia de prohibir las armas en Estados Unidos con ocasión de la última masacre en el colegio Newtown, donde perdieron la vida 26 personas entre las cuales estaban 20 niños, nos olvidamos y ni siquiera discutimos las causas de nuestros propios infortunios. Apenas tres días después de la nueva masacre en el colegio de Connecticut, en Colombia, en el kilómetro 96 de la vía Bogotá-Girardot, perdieron la vida 27 personas y 16 quedaron heridas en un nuevo accidente de tránsito, en el que un bus de servicio intermunicipal de pasajeros se quedó sin frenos y chocó de frente contra un barranco. La noticia fue registrada como nota a pie de página y nadie discutió ni cuestionó las razones por las cuales cientos de colombianos mueren anual e impunemente en nuestras carreteras por cuenta de la ilegalidad e informalidad del transporte intermunicipal de carreteras, un sector que el Estado ha sido incapaz de regular y vigilar oportuna y adecuadamente.
La evidencia sobre la falta de interés del Estado por resolver de fondo este problema es apabullante. Mientras en Colombia se efectúan aproximadamente 15 millones viajes por vía aérea cada año y esta actividad se realiza en el marco de toda clase de controles para garantizar la seguridad de los usuarios, por carretera, a través de los servicios de transporte intermunicipal de pasajeros, se realizan casi 200 millones de viajes cada año. Sin embargo, y a diferencia de la modalidad aérea, el transporte carretero es asumido con absoluta indiferencia por las autoridades nacionales, departamentales y municipales y ello explica las razones por las cuales cientos de colombianos perecen cada año, indefensos ante la negligencia del Estado y la irresponsabilidad de los particulares.
Basta un somero acercamiento a lo que sucede en el transporte de carreteras para darse cuenta de que resulta espeluznante. En nuestro medio solamente algunas pocas empresas de transporte son formales y cumplen con las normas existentes. La gran mayoría abusan de los pasajeros, se aprovechan de la asimetría de información en el sector en contra suya y los someten a toda clase de peligros. Las empresas son solamente fachadas de transporte cuyo negocio no es la movilización de pasajeros sino el cobro de una comisión al propietario del bus al que habilitan para que preste el servicio en condiciones que la empresa desconoce y sobre el cual no se hace responsable. Los conductores no tienen controles sino de alcoholemia a la salida de las terminales, pero nadie vigila el exceso de sus horarios ni sus capacidades al volante. La informalidad laboral en el sector es absoluta y la condición técnica de los vehículos no es asunto de las empresas sino de sus propietarios, quienes ahorran en mantenimiento todo cuanto pueden para aumentar el “producido”. La mayoría de las empresas del sector evade impuestos y algunos incluso afirman que es negocio atractivo para el lavado de dinero, pues casi todo se maneja en efectivo.
Millones de personas viajarán esta Navidad por carretera. Ojalá fuera la última en la que lo hacen en las presentes condiciones.