Pactos para crecer

Era previsible que quienes perdieron las elecciones en 2018 no tuvieran siquiera el interés de analizar en detalle las realizaciones del presidente Duque en este primer año de gobierno. Y no lo hicieron porque para ellos nada que sea diferente a lo propio es democrático y mucho menos podría ser bueno. Por eso, ignoraron en su análisis de este primer año la ley de punto final en materia de salud, la reactivación del sector de hidrocarburos, el acuerdo estructural para resolver la deuda histórica con la universidad pública, la reducción en las cifras de deforestación, el avance en la agenda de energías renovables, la política de economía circular o el extenso abanico de estrategias, planes y programas que se han puesto en marcha para que Colombia pueda enfrentar los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial. Omitieron en su balance los tangibles avances en el cumplimiento de las obligaciones con los desmovilizados de las Farc y el esfuerzo para proteger a los líderes sociales. Es curioso que sean incapaces incluso de rodear al presidente en su decisión irrevocable de acabar con la mermelada, y con ella poner fin a la práctica más corrupta de la política colombiana, aquella que significaba comprar con presupuesto público la aplanadora de voluntades que, sin deliberación y a pupitrazo limpio, aprobaba sin reparos todo aquello que el Gobierno ponía en consideración del Congreso.

Era previsible que quienes perdieron las elecciones en 2018 no tuvieran siquiera el interés de analizar en detalle las realizaciones del presidente Duque en este primer año de gobierno. Y no lo hicieron porque para ellos nada que sea diferente a lo propio es democrático y mucho menos podría ser bueno. Por eso, ignoraron en su análisis de este primer año la ley de punto final en materia de salud, la reactivación del sector de hidrocarburos, el acuerdo estructural para resolver la deuda histórica con la universidad pública, la reducción en las cifras de deforestación, el avance en la agenda de energías renovables, la política de economía circular o el extenso abanico de estrategias, planes y programas que se han puesto en marcha para que Colombia pueda enfrentar los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial. Omitieron en su balance los tangibles avances en el cumplimiento de las obligaciones con los desmovilizados de las Farc y el esfuerzo para proteger a los líderes sociales. Es curioso que sean incapaces incluso de rodear al presidente en su decisión irrevocable de acabar con la mermelada, y con ella poner fin a la práctica más corrupta de la política colombiana, aquella que significaba comprar con presupuesto público la aplanadora de voluntades que, sin deliberación y a pupitrazo limpio, aprobaba sin reparos todo aquello que el Gobierno ponía en consideración del Congreso.

Menos mal que el presidente no se distrae con las críticas y, a pesar de la presión y los ataques, decidió no casar la pelea a la que están empeñados en meterlo las generaciones que lo precedieron en el ejercicio del poder. Afortunadamente Duque no pica el anzuelo y sigue concentrado en las tareas de gobierno.

Esta semana, por ejemplo, de la mano de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno presentó los Pactos por el Crecimiento, iniciativa orientada a desmontar toda clase de trabas y cuellos de botella en diferentes segmentos de la producción. Esta iniciativa, que arrancó con 12 sectores y se extenderá luego a otros tantos, promete para 2022 la construcción de más de 800.000 puestos de trabajo y exportaciones superiores a los US$3.500 millones, duplicando así su producción frente al cuatrienio inmediatamente anterior. Se trata de cerca de $6 billones en nuevas inversiones. Sumado a los efectos positivos que ya se perciben por la Ley de Financiamiento y articulado con las fábricas de productividad, la renovación tecnológica, la facturación electrónica, el impulso a los nuevos emprendimientos y a la economía naranja, la modernización del Sena, la simplificación y eliminación de más de mil trámites innecesarios y la puesta a punto de una entidad como la DIAN, Colombia construye un mejor entorno para la reactivación de una economía que este gobierno encontró estancada y anclada en un entorno internacional complejo.

No me cabe duda de que, más temprano que tarde, amplios sectores sociales reconocerán los beneficios de superar las perversas consecuencias de un país nadando en coca, con sus escasos recursos capturados por la corrupción y con su economía presa de prejuicios antiempresariales, trámites e impuestos asfixiantes. Las políticas y esfuerzos del Gobierno en materia de crecimiento y productividad, legalidad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional pronto darán sus frutos y éstos hablarán por sí mismos al hacerse tangibles para todos los colombianos.

@NicolasUribe