El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.
Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.
Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.
De acuerdo con el relato de la ONU, la expansión de grupos disidentes en al menos cuatro departamentos está generando nuevas tensiones con los excombatientes y la presencia de las autoridades civiles y los organismos prestadores de servicios a las comunidades siguen siendo precarios. El informe resalta el elocuente fracaso de la iniciativa de los proyectos productivos, en donde sólo uno ha logrado la financiación oficial mientras que el resto, casi 100, han sido creados y financiadas fundamentalmente por exmiembros de las Farc a partir de sus asignaciones de reincorporación y sus subsidios mensuales. Por otra parte, el reporte sólo habla de 350 excombatientes que se han graduado de técnicos agrícolas y de un numero precario de personas que han sido vinculadas al sistema educativo de manera provisional.
A los niños, a las personas con alguna discapacidad y a las mujeres embarazadas no les ha ido mejor. No hay médicos ginecólogos, ni terapistas especializados ni guarderías, y los menores de edad están llegando a los 18 años sin haber recibido la atención psicológica necesaria.
Es difícil entender por qué la captura de un jefe traficando pone los pelos de punta, pero la tendencia al fracaso de la reincorporación social y económica del proceso no merece siquiera un comentario. Así somos.
El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.
Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.
Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.
De acuerdo con el relato de la ONU, la expansión de grupos disidentes en al menos cuatro departamentos está generando nuevas tensiones con los excombatientes y la presencia de las autoridades civiles y los organismos prestadores de servicios a las comunidades siguen siendo precarios. El informe resalta el elocuente fracaso de la iniciativa de los proyectos productivos, en donde sólo uno ha logrado la financiación oficial mientras que el resto, casi 100, han sido creados y financiadas fundamentalmente por exmiembros de las Farc a partir de sus asignaciones de reincorporación y sus subsidios mensuales. Por otra parte, el reporte sólo habla de 350 excombatientes que se han graduado de técnicos agrícolas y de un numero precario de personas que han sido vinculadas al sistema educativo de manera provisional.
A los niños, a las personas con alguna discapacidad y a las mujeres embarazadas no les ha ido mejor. No hay médicos ginecólogos, ni terapistas especializados ni guarderías, y los menores de edad están llegando a los 18 años sin haber recibido la atención psicológica necesaria.
Es difícil entender por qué la captura de un jefe traficando pone los pelos de punta, pero la tendencia al fracaso de la reincorporación social y económica del proceso no merece siquiera un comentario. Así somos.