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Llamó la atención a algunos lectores que el modesto médico de Sogamoso, Aristóbulo Archila –de quien me referí aquí la semana pasada— fuera nombrado ministro de Hacienda por el presidente Marco Fidel Suárez por la circunstancia de no haber concurrido a la reunión de los jefes conservadores de Boyacá de la época. Por ser el único ausente fue designado en el cargo y lo ratificaron los dos presidentes siguientes, Jorge Holguín y Pedro Nel Ospina, sin tener idea de lo que era el presupuesto nacional y menos aún el Producto Interno Bruto. Y, es más, le tocó avalar la decisión del presidente Ospina de contratar a la Misión Kemmerer que cerró el Banco López, creó el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República.
Pero ahí no terminó la historia del médico que hizo la cirugía de nuestra Hacienda Pública. El presidente Ospina sacó definitivamente del Ministerio al doctor Archila el 6 de febrero de 1925, a raíz de un informe de la comisión investigadora sobre un defalco en las Fuerzas Armadas. El Senado lo llamó a juicio –previa investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¡quien lo creyera!— y le decretó prisión preventiva.
En el juicio ante el Senado lo defendió José Antonio Montalvo, quien luego sería un destacado hombre público del conservatismo. El fiscal fue Juan C. Martínez. Cuando se suponía que lo iban a condenar, el médico Archila anunció ante la corporación que tenía graves cargos por formular contra sus colegas del Ministerio y otros importantes prohombres de su partido.
Ante la amenaza, lo absolvieron el 8 de septiembre. Fue entonces cuando Laureano Gómez se manifestó en contra del veredicto y declaró: “La justicia en Colombia ha recibido inmoral agravio y su historia de rectitud se ha partido en dos: antes de la absolución de Archila y después de esa absolución”.
El médico Archila cortó por lo sano. Y eso que entonces no existía el cartel de la toga.
