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Definitivamente Alberto Carrasquilla no podía ser el ministro de Hacienda. Así lo sostuvimos aquí, cuando se posesionó en el cargo, porque violaba claramente el Código Disciplinario. Él, en su calidad de ministro de Hacienda entre el 2003 y 2007, tramitó en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que permitió la negociación de los bonos de agua con los municipios y luego, como particular, los concretó.
Dice el artículo 35, numeral 22, del mencionado Código que a todo servidor le está prohibido “prestar a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos años después de dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación a la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado. Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones. Se entiende por asuntos concretos los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe sujetos claramente determinados”.
La Corte Constitucional declaró exequible la norma en un fallo del 7 de octubre de 2003 (Sentencia C-893) cuando dijo: “Declárase exequible el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 en el entendido de que la prohibición establecida en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones”.
Luego, no podía aún hoy, porque la prohibición es “indefinida en el tiempo”, tramitar los bonos de agua, así fueran con mermeladas y con docena de huevos de $1.800… pasados por agua.
