Laureano Gómez inició su carrera política en la Cámara de Representantes al lado de su amigo Alfonso López Purmarejo con un debate contra el presidente Marco Fidel Suárez, acusándolo de haber vendido su sueldo a un banco norteamericano perteneciente a un grupo que negociaba con el Estado. Se supo que la operación la hizo el mandatario para costear el traslado del cadáver de su hijo, quien había sido víctima en los Estados Unidos de la “epidemia española”, que en 1918 afectó al mundo.
Gómez, que era teatral en sus discursos –se los aprendía de memoria– hizo que Suárez se retirara del cargo, pero no renunció. Años después buscó hacer lo propio con López Pumarejo, con quien dejó de ser amigo cuando llegó a la Presidencia, pero no lo logró. Hizo oposición hablando de la “acción intrépida”, de hacer invivible la república y dividir el país entre el oro y la escoria.
Cuando fue presidente de la República, quiso convocar una Constituyente que afortunadamente no pudo reunirse, porque el 13 de junio vino el golpe de Estado del general Rojas Pinilla. Entre otros artículos, proponían: “El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional que fuere cogido con las armas en la mano en guerra contra Colombia, o que en el exterior ejecute actos que tiendan a deshonrar la República, o que se comprometa en actividades contra al régimen interior del Estado, o que de palabra o por escrito atente al desprestigio de las autoridades y de las instituciones del país, será juzgado y penado como traidor”.
Ahora los descendientes de ese dirigente conservador quieren reencaucharse con el actual gobierno. Mucho cuidado que estos son del nuevo siglo, pero son los mismos del viejo que pretendió acabar la democracia con una Constitución fascista.