Nunca fui optimista frente a la propuesta de reducirles los sueldos a los congresistas, entre otras cosas porque ello no tiene nada que ver con la corrupción. Antes, por el contrario, si los miembros del Congreso ganan poco, las curules son para los ricos o para los pobres con deseos de hacer negocios en búsqueda de un sobresueldo.
Esos emolumentos siempre han dado lugar a debate. Antes se les pagaba por sesiones y se hacían los perezosos para “coquetearle a la prórroga”. El sueldo permanente acabó con esta corruptela, pero cada cuatro años se debatía el reajuste y los parlamentarios ponían a Joaquín Franco Burgos, en la Cámara, y a Luis Avelino Pérez, en el Senado, para que pusieran el pecho y defendieran la propuesta. Y el resto, calladito, le daba el pupitrazo final. Cuando se discutía la Constitución de 1991, Álvaro Gómez sostuvo que para evitar ese desgaste que no conducía a nada, el reajuste se estableciera anualmente teniendo en cuenta la inflación. Y así quedó en la Carta.
Ahora, atendiendo la consulta anticorrupción, se presentó un proyecto para que los congresistas se redujeran el sueldo. ¡Ni bobos que fueran! Para evitar tramitarlo, ahora vienen con la teoría de que no pueden considerarlo porque son parte interesada. ¿Acaso ese mismo conflicto de interés no existía antes, cuando periódicamente aprobaban el incremento? Tanto en la Constitución anterior (artículo 105) como en la actual (artículo 133) se dice que los congresistas deberán actuar “consultando la justicia y el bien común”. Si aceptamos la tesis ahora expuesta, no podrían considerar ningún proyecto de ley porque en todos tienen que ver ellos en atención a que son tan colombianos como cualquiera de sus compatriotas. Si esa teoría prospera, que cierren el Congreso y designen unos parlamentarios ad hoc. Así no habría que pagarles y el asunto queda resuelto.
Nunca fui optimista frente a la propuesta de reducirles los sueldos a los congresistas, entre otras cosas porque ello no tiene nada que ver con la corrupción. Antes, por el contrario, si los miembros del Congreso ganan poco, las curules son para los ricos o para los pobres con deseos de hacer negocios en búsqueda de un sobresueldo.
Esos emolumentos siempre han dado lugar a debate. Antes se les pagaba por sesiones y se hacían los perezosos para “coquetearle a la prórroga”. El sueldo permanente acabó con esta corruptela, pero cada cuatro años se debatía el reajuste y los parlamentarios ponían a Joaquín Franco Burgos, en la Cámara, y a Luis Avelino Pérez, en el Senado, para que pusieran el pecho y defendieran la propuesta. Y el resto, calladito, le daba el pupitrazo final. Cuando se discutía la Constitución de 1991, Álvaro Gómez sostuvo que para evitar ese desgaste que no conducía a nada, el reajuste se estableciera anualmente teniendo en cuenta la inflación. Y así quedó en la Carta.
Ahora, atendiendo la consulta anticorrupción, se presentó un proyecto para que los congresistas se redujeran el sueldo. ¡Ni bobos que fueran! Para evitar tramitarlo, ahora vienen con la teoría de que no pueden considerarlo porque son parte interesada. ¿Acaso ese mismo conflicto de interés no existía antes, cuando periódicamente aprobaban el incremento? Tanto en la Constitución anterior (artículo 105) como en la actual (artículo 133) se dice que los congresistas deberán actuar “consultando la justicia y el bien común”. Si aceptamos la tesis ahora expuesta, no podrían considerar ningún proyecto de ley porque en todos tienen que ver ellos en atención a que son tan colombianos como cualquiera de sus compatriotas. Si esa teoría prospera, que cierren el Congreso y designen unos parlamentarios ad hoc. Así no habría que pagarles y el asunto queda resuelto.