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La verdad es que este no ha sido el único gobierno de las “jugaditas” contra la justicia. Hay que revisar antecedentes de otras administraciones, no exactamente democráticas, cuando modificaron las votaciones para que disposiciones suyas tuvieran dificultad para ser declaradas inconstitucionales.
El presidente Mariano Ospina Pérez dictó el Decreto 3519, el 9 de noviembre de 1949, en donde dispuso que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los decretos extraordinarios que fueren acusados de inconstitucionales, “tanto en su parte resolutiva como en sus consideraciones, deben ser tomadas por las tres cuartas partes de los votos de los magistrados que integran dicha sala”.
A Ospina le siguió el dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien dictó el Decreto 1762 de 1956 en virtud del cual creó la Sala de Negocios Constitucionales de la Corte, encargada de resolver sobre las demandas de inexequibilidad, atribuyéndose el Gobierno la facultad de designar a los magistrados que habrían de componer dicha sala.
El presidente Julio César Turbay Ayala —el mismo del Estatuto de Seguridad—, para evitar que le tumbaran la reforma constitucional de 1979, expidió el Decreto 3050 de 1981 en donde se estableció que “los fallos que declaren la inconstitucionalidad o inexequibilidad de los actos legislativos reformatorios de la Constitución Política requerirán la mayoría de las tres cuartas partes de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”. Afortunadamente la corporación inaplicó la norma por considerarla claramente inconstitucional y tumbó la reforma.
Este Gobierno, siguiendo tan buenos ejemplos, expidió el Decreto 333 del 6 de abril de este año para que las tutelas contra la actual administración solo puedan presentarse ante el Consejo de Estado. Es decir, escogió su propio juez.
Así actúa el Estado de derecho cuando es de derecha.
