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A lo que hemos llegado. La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, de cuyo nombre no quiero acordarme, no distingue entre auto, resolución, decreto o ley. Tal parece que fuera de la Universidad San José, en donde graduaron a Juliana Guerrero, la frustrada viceministra del actual gobierno. Esa dignataria, por razones que aún se desconocen, se atrevió a suspender del cargo al presidente de la República, situación que jamás se había presentado.
Esa célula legislativa ha sido de las más inútiles en la historia constitucional y política de nuestro país, tanto que la llaman “de absoluciones” y ahora “de rectificaciones”. Y eso que tiene como funciones investigar al presidente de la Repúblicas y a otros altos funcionarios del Estado.
Que se recuerde, esa comisión acusó ante la Cámara y luego ante el Senado al presidente José María Obando en 1854 y al final la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Igual sucedió con otro presidente, y también caucano, Tomás Cipriano de Mosquera, condenado pero la pena le fue conmutable por destierro. Y también al general Gustavo Rojas Pinilla, a quien acusó, pero no condujo a nada.
En años recientes investigó al presidente Ernesto Samper y la Cámara lo absolvió por el llamado Proceso 8.000. Hay magistrados a los que sí investigó. Los procesos pasaron al Senado y luego a la Corte Suprema de Justicia, que los condenó y hoy todavía no han cumplido sus penas. Se trata de Jorge Pretel y Gustavo Malo, quien resultó peor. Hicieron parte de llamado “cartel de la toga”, igual que Leonidas Bustos, quien anda huyendo por Canadá en vez de estar encanado.
En resumen, la Comisión de Acusación, en más de doscientos años de vida republicana, no ha servido para nada. La presidenta suspendió a Petro con un auto que más parece auto eléctrico. Bien hizo la Procuraduría en suspenderla de manera inmediata.
