La Corte Constitucional

La semana pasada, la Corte Constitucional tuvo una prueba de fuego de la cual salió consolidada. A pesar de que la decisión fue autónoma sobre la base de una terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno pretendió inmiscuirse con la vana ilusión de que una de las candidatas iba a hacerle favores en la corporación cuya vacante se iba a elegir.

Lo que deben hacer los jueces y magistrados es aplicar la ley, independientemente de quien lo postule o apoye. Hay dos casos relativamente recientes que confirman lo que se ha dado en llamar el “deber de ingratitud”, ambos de la Corte Constitucional. María Victoria Calle fue postulada por el presidente Uribe y su voto fue definitivo al ser una de las que negó la segunda reelección del mandatario. Otro caso, aún más patético, fue el de Carlos Bernal Pulido, quien fue propuesto por Santos y votó negativamente todo lo que saliera de su Gobierno y, por el contrario, apoyó todo lo que tuviera que ver con la administración siguiente, tanto que el presidente Duque lo condecoró con la orden de Boyacá, en el grado de Gran Oficial, por los favores recibidos.

Por lo anterior, no tenía sentido la discusión política que se armó. Nadie podía asegurar que la ternada “petrista” —ella lo negó—, María Patricia Balanta, iba a respaldar a todo lo del Gobierno, como también lo haría el otro aspirante Jaime Tobar. El elegido, Carlos Camargo, fue defensor del Pueblo y ha prometido cumplir la Constitución, que es lo que le corresponde.

Perdió el Gobierno, no así la candidata Balanta. Y quien ganó fue la Corte Constitucional, corporación que salió consolidada con esta prueba de fuego.

Así las cosas, en la Constitucional Petro queda solo con dos amigos, Vladimir Fernández y Héctor Carvajal —quien parece que no hace las cosas bien, como dice la publicidad sino, por el contrario, hace las cosas mal—.

Que después el presidente no se queje del “deber de ingratitud”.