Nuestra clase política parece que viviera de espaldas a la realidad del país. Cada año, cuando por estos días se anuncia el reajuste de los salarios de los congresistas, se arma la gorda sobre sus emolumentos, que siempre son exagerados. La controversia no es nueva y nunca encuentra una salida justa. Antes se pagaba por sesiones y los honorables presionaban para que se les convocara a extras. Se acudía a la maliciosa demora para tramitar aquellos proyectos en que tenía capital interés el Gobierno, forzándolo así a solicitar dicha convocatoria.
El sueldo permanente acabó con esta corruptela. El fenómeno fue contrario: para regresar a sus provincias, los miembros del Congreso aceleraban el desarrollo del programa legislativo, pues el receso remunerado, en la propia casa, resultaba beneficioso. En este sentido, mejoró enormemente el rendimiento.
Pero el país no comprendió este fenómeno, se quejó del “ocio remunerado”, la institución tuvo su descrédito y se regresó a otro sistema que durante el Frente Nacional nos mantuvo sometidos, en la práctica, a un Congreso permanente más caro, ocioso y lento que nunca.
Para evitar el debate que se suscitaba cada vez que se tramitaban los proyectos de reajuste de los sueldos de los congresistas, la Constitución de 1991 estableció un aumento automático de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Así se hace en la actualidad, pero el índice es tan alto que lo que hoy gana un congresista colombiano superó en mucho a lo que devengan sus colegas de la región latinoamericana.
Se requiere buscar una fórmula acorde con el ingreso de los colombianos en donde los congresistas no sigan siendo los más beneficiados, pues ellos, en la práctica, son quienes reciben la dieta que más engorda.
