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Termina su gestión el procurador Fernando Carrillo. Los analistas podrán juzgarla en detalle, pero se puede reconocer que realizó, sin duda, una tarea independiente, vigilando la conducta de los funcionarios públicos, sin protagonismo. Se limitó a informar de manera detallada sobre los muchos casos que asumía la entidad y los resultados de los mismos en cumplimiento de sus funciones. Desde su posesión, hace cuatro años, se puso como derrotero hacer una Procuraduría ciudadana, con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios.
El hecho de que me haya sido encomendado elaborar un trabajo sobre la historia de la institución, desde su origen en 1830 hasta su actual estructura, resultado de la Constitución de 1991, no me inhibe de destacar la labor de quien dejará el cargo en los próximos días. Antes por el contrario, me permite comparar la gestión de quien se va con la que dejaron varios de sus antecesores durante 190 años, cuando en sus inicios la estructuró Florentino González, ese gran jurista del siglo XIX, el único de todos los procuradores que fue elegido por votación popular.
La Procuraduría de hoy tiene tres funciones fundamentales: la preventiva, la de intervención y la disciplinaria.
Por dichas razones, la Procuraduría encauzó en el último cuatrienio un gran diálogo social para superar la crisis del sistema de salud, ampliar la protección social como derecho para todos, modernizar y hacer sostenible la política pública y combatir la corrupción, mediante la creación de la Delegada de Paz y Convivencia, y la Delegada Especial de Salud.
Le corresponde a la nueva procuradora continuar la labor de Carrillo, sin espejo retrovisor y sin que le aparezcan más canas a la señora Cabello Blanco.
