Vuelve a hablarse de la reforma judicial y, por supuesto, de su clientelismo.
Ya lo hicieron el ministro Alfonso Gómez Méndez y la semana pasada el magistrado Nilson Pinilla. Llama la atención su crítica por cuanto ha sido beneficiario del régimen vigente (pasar de una corporación a otra) y de la tesis insólita de la Corte Constitucional según la cual allí y en el Consejo de la Judicatura no se aplica la edad de retiro forzoso, porque fueron organismos creados por la Constitución de 1991 y por tal circunstancia no están incluidos en los decretos de 1968, cuando se estableció esa obligatoria exclusión.
El magistrado Pinilla primero estuvo en la Corte Suprema y luego de un corto intervalo pasó a la Constitucional, en donde dos de sus ocho años de período los pasó en edad de retiro.
Nunca he podido entender por qué una persona al cumplir 65 años no puede administrar justicia en la Corte Suprema o en el Consejo de Estado, pero al día siguiente, cuando se retira, sí puede cumplir esas funciones como conjuez. ¿Es que el mayor de esa edad sólo tiene capacidades por momentos y precisamente en los momentos en que la justicia lo necesita para dirimir un empate o para reemplazar a un titular que está impedido? ¿Y su lucidez permanente sólo se le aparece cuando es magistrado de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura?
En el caso del magistrado Pinilla, llama la atención que los vicios de la justicia sólo los haya detectado al final de su larga carrera judicial y después de conocer que está próximo a dejar el cargo. Sólo en ese momento se enteró del clientelismo judicial y de la necesidad de acabar los vicios de la justicia. Necesitó de dos períodos de ocho años y de aplicar justicia cuando había pasado dos años de la edad de retiro forzoso. Ahora, con seguridad, pasa a conjuez de la misma corporación que deja, beneficiándose del régimen que critica, cuando es víctima —¡por fin!— de la ley de la grave edad.
