Gracias a una disposición del viejo Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4ª de 1913), que aún está vigente, el presidente Carlos Lleras Restrepo designó como procurador general de la Nación, por no haberlo hecho la Cámara de Representantes, al jurista antioqueño Mario Aramburo Restrepo. Y a pesar de ello, ese jefe del Ministerio Público le llamó la atención a Lleras cuando en un discurso en Ciudad Kennedy dijo que “el señor presidente, al buscar defender su obra de gobierno, se excedió y su exceso bien puede hacer pensar que ha empañado la neutralidad que tantas veces ha ofrecido al pueblo colombiano en relación con el actual debate electoral”.
Consecuente con su criterio, el procurador Aramburo acompañó el regaño con su renuncia, dimisión que el mandatario no aceptó y con actitud respetuosa le respondió: “Como gobernante republicano me someto a mis jueces naturales y recomendaré a la Cámara que se ocupe de la denuncia que contra mí han formulado algunas personas”.
No hay duda de que el presidente Duque, antes y después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se ha excedido en la defensa de su jefe Álvaro Uribe, presionando primero y cuestionando después, en términos desobligantes, el fallo del alto tribunal. Ha desconocido su condición de mandatario de la nación.
Cuando el magistrado José Luis Barceló llamó a indagatoria al senador Uribe, lo que condujo a la medida de aseguramiento, lo llamaron “prevaricador”, pero fue el mismo que con su voto le dio la libertad al coronel Plazas Vega por el Palacio de Justicia y evitó el empate en la sala. En este caso sí fue excelente jurista y magistrado, y estaba “defendiendo la democracia, maestro”.
El senador Uribe tiene las garantías que le ofrecen la Constitución y la ley, con abogados buenos y malos para defenderse, pero el jefe del Estado no puede convertirse en uno más de sus corifeos.
Uribe no solo ha manipulado testigos, sino también al país.
