Una de las propuestas que logró más fácil consenso en la Asamblea Constituyente del 91 fue la tutela. Trece proyectos se presentaron para consagrarla, varios de ellos similares al recurso de amparo que existe en México desde hace varios años. En 1966 el MRL, encabezado por López Michelsen, la planteó en el Congreso sin que entonces tuviera eco. Finalmente se adoptó hace 30 años y el actual Gobierno la quiere desnaturalizar estableciendo que las tutelas que cuestionen actos del Gobierno nacional deben ser presentadas ante el Consejo de Estado. Esa norma, por decreto, es abiertamente inconstitucional porque deroga una norma superior, cual es la legal que desarrolla el recurso.
Por ser un decreto, para ser demandado debe presentarse ante el máximo organismo de lo contencioso administrativo. Como el Consejo de Estado es el tribunal que asume la competencia, al acudirse ante él para impugnarlo, el magistrado fallador debe declararse impedido, lo mismo que la Sala. La decisión queda, entonces, en manos de conjueces, lo cual aplaza el fallo.
En el interregno, con la expedición de los decretos en los cuales tiene interés el Gobierno —sobre aspersión aérea de cultivos ilícitos, por ejemplo—, comienzan a regir y tienen plena vigencia mientras se produce el fallo de inconstitucionalidad de los conjueces, lo cual no hay duda de que así se produzca, porque es contario a la Constitución, prima facie. No hay derecho a esta nueva “jugadita” a la que nos tiene acostumbrados la actual administración. El Ejecutivo escogiendo sus propios jueces, como lo hace el jefe.
La tutela fue la más importante conquista en la Constituyente del 91 y burlándola quieren celebrar los 30 años de su consagración. El propósito es cortarla como si fuera la tela de los hilos perfectos.
¿Quién sería el genio que pensó en esa jugadita? Mal consejo, de Estado.
Una de las propuestas que logró más fácil consenso en la Asamblea Constituyente del 91 fue la tutela. Trece proyectos se presentaron para consagrarla, varios de ellos similares al recurso de amparo que existe en México desde hace varios años. En 1966 el MRL, encabezado por López Michelsen, la planteó en el Congreso sin que entonces tuviera eco. Finalmente se adoptó hace 30 años y el actual Gobierno la quiere desnaturalizar estableciendo que las tutelas que cuestionen actos del Gobierno nacional deben ser presentadas ante el Consejo de Estado. Esa norma, por decreto, es abiertamente inconstitucional porque deroga una norma superior, cual es la legal que desarrolla el recurso.
Por ser un decreto, para ser demandado debe presentarse ante el máximo organismo de lo contencioso administrativo. Como el Consejo de Estado es el tribunal que asume la competencia, al acudirse ante él para impugnarlo, el magistrado fallador debe declararse impedido, lo mismo que la Sala. La decisión queda, entonces, en manos de conjueces, lo cual aplaza el fallo.
En el interregno, con la expedición de los decretos en los cuales tiene interés el Gobierno —sobre aspersión aérea de cultivos ilícitos, por ejemplo—, comienzan a regir y tienen plena vigencia mientras se produce el fallo de inconstitucionalidad de los conjueces, lo cual no hay duda de que así se produzca, porque es contario a la Constitución, prima facie. No hay derecho a esta nueva “jugadita” a la que nos tiene acostumbrados la actual administración. El Ejecutivo escogiendo sus propios jueces, como lo hace el jefe.
La tutela fue la más importante conquista en la Constituyente del 91 y burlándola quieren celebrar los 30 años de su consagración. El propósito es cortarla como si fuera la tela de los hilos perfectos.
¿Quién sería el genio que pensó en esa jugadita? Mal consejo, de Estado.