El senador Gustavo Bolívar he tirado por la borda su curul —como cualquier brasier de sus telenovelas— y ha denunciado que el 60 % del Congreso es corrupto. La verdad es que durante años se ha dicho que el mayor foco de corrupción de la clase política es lo que antes se conocía como auxilios parlamentarios y hoy se les denomina cupos indicativos.
La norma que lo permite, no es nueva. Nació con la propia Constitución de 1886, cuando los Estados se convirtieron en departamentos. La Constitución anterior, de 1863, no contenía disposición alguna que permitiera al Congreso expedir leyes sobre fomento de empresas útiles. Adoptada la forma de república unitaria en 1886, se planteó en la Asamblea de Delegatarios si el Gobierno nacional debía asumir, por su cuenta, la ayuda a las empresas calificadas de “útiles” o “benéficas” o si, por el contrario, la responsabilidad era individual, privada o de los departamentos. Se aprobó, entonces, darle al Congreso la facultad de fomentar esa clase empresas para su estímulo y apoyo.
Vino luego la reforma constitucional de 1968, que les quitó a los congresistas la iniciativa del gasto público, pero se estableció una excepción: las de aquellas que tuvieran que ver con las empresas útiles o benéficas dignas de estimulo y apoyo. Se ratificaban así los auxilios parlamentarios y se “compró” al Congreso para que apoyara la reforma constitucional de 1968.
La asamblea constituyente de 1991 las prohibió expresamente, pero hubo un fallo de la Corte Constitucional que dejó abierta una compuerta que permitió lo que se ha dado en llamar cupos indicativos, que es lo mismo que los auxilios, dando margen a los congresistas para repartir miles de millones en beneficio de sus propósitos políticos.
Mientras este procedimiento siga vigente, no hay reforma política que valga, así Bolívar envíe mensajes para que los oiga Santander; porque sin cupos indicativos no hay paraíso.
