EN 1953, EL PAÍS SE SORPRENDIÓ AL conocer un proyecto de reforma constitucional que patrocinaba el gobierno de Laureano Gómez, a pesar de que quien ejercía el poder era el designado Roberto Urdaneta Arbeláez. El propósito era someterlo a una Asamblea Nacional Constituyente para que le diera el pupitrazo final.
La iniciativa, divulgada el 9 de junio de ese año, le quitaba los deberes sociales al Estado; subordinaba a la prensa; robustecía las facultades del Ejecutivo, se limitaba el sufragio y el Senado se convertía en corporativo al integrarlo con representantes de entidades económicas y culturales.
En el artículo 13 de ese proyecto, se decía: “El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuere cogido con armas en la mano en guerra contra Colombia, o que en el exterior ejecute actos que tiendan a deshonrar a la República, o que se comprometa en actividades subversivas contra el régimen interior del Estado, o que de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país, será juzgado y penado como traidor”.
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Afortunadamente el proyecto de 1953 no tuvo suerte porque tres días después de divulgado, el 13 de junio, vino el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Pero no quiero pensar que el artículo transcrito la Procuraduría se lo pretende aplicar a la senadora Piedad Córdoba. Por favor, Cristo, ten Piedad. Y no me refiero al senador liberal de Cúcuta.
Se pueden tener diferencias con ella, pero en este caso, y por lo que se conoce, parece que no puede haber traición a la patria. Es imposible desconocer que ha trabajado en favor de quienes desde hace diez y doce años se hallan en poder de las Farc. Con organismos internacionales busca que haya un intercambio humanitario para que esas personas regresen a sus hogares. Pero esas gestiones —discutibles para algunos— no pueden dar lugar para que la Procuraduría la tenga imputadísima.
