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CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE UN nuevo magistrado de la Corte Constitucional, recaída en un conservador para reemplazar a un liberal, se ha dicho que los órganos judiciales no actúan con política “sino apegados a la norma”. ¡Qué tal!
En 1967 el presidente Carlos Lleras Restrepo iba a viajar a una reunión de mandatarios en Punta del Este (Uruguay) y para no dejarle la “palomita” al designado Julio César Turbay Ayala expidió un decreto dándole facultades presidenciales al ministro de Justicia, Darío Echandía. Es lo que hoy se conoce como ministro delegatario, pero entonces no existía. Un turbayista de tuerca y tornillo (César Castro Perdomo) demandó el decreto ante el Consejo de Estado. Los consejeros liberales Enrique Acero Pimentel y Alfonso Meluck votaron por la nulidad del acto y los conservadores Jorge de Velasco Álvarez y Alfonso Arango Henao lo hicieron por su legalidad. Los conjueces que sorteaban para dirimir el empate buscaban cualquier excusa para no quedarse con esa “papa caliente” y, solo después de varios intentos, el exministro Blas Herrera Anzoátegui dirimió el conflicto y se pronunció en favor de la tesis de la ilegalidad del decreto, a pesar de que el fallo se produjo cuando ya el presidente Lleras había ido y vuelto del exterior.
El empate y la controversia, más políticos que jurídicos, se plantearon entre los magistrados, pero el jurista Herrera Anzoátegui, ajeno a esas controversias internas en la Sala porque no actuó como titular, estoy seguro de que lo hizo en derecho. Como este hay muchos casos (en la actual Corte Constitucional ha habido un sinnúmero), pero solo quise referirme a éste para recordar que los fallos políticos no son de ahora sino de toda la vida. Por algo interpretan la Constitución Política.
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Siempre se especuló de la enemistad de Lleras Restrepo con Turbay Ayala, tanto que cuando aquel fue presidente designó como jefe de la Casa Militar de Palacio al general Mata… moros.
