El contexto internacional es propicio para discutir con seriedad y temperancia alternativas a la simple prohibición. Ello con el fin de vislumbrar otros horizontes de evaluación y acción, nuevos horizontes de paz y de cuidado de la vida y la riqueza ambiental y económica, diferentes al prohibicionismo que ha caracterizado nuestra aproximación al uso y valor cultural y comercial de ciertas sustancias, los ambientes en que se originan, y la insoportable repetición de la violencia generada con el fin de reprimirlas.
Tienen razón el presidente Gustavo Petro y el editorial de El Espectador cuando apuntan al sinsentido de mantener un debate puramente moralista sobre el tema, abandonado a “posturas anacrónicas, anticientíficas y francamente frustrantes”. En efecto, el prohibicionismo, en Colombia tanto como en el resto del mundo, “solo trae violencia”. Tres tratados de las Naciones Unidas definen en la actualidad la prohibición e ilegalidad de las drogas en el derecho internacional: la Convención Única sobre Estupefacientes Drogas, 1961; El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 1971; y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988. La Convención Única obliga a sus signatarios a declarar ilegales el cultivo, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la posesión, ofrecimiento, ofrecimiento para la venta, distribución, compra, venta, entrega en cualquier término, corretaje, expedición, despacho en tránsito, transporte, importación y la exportación de estupefacientes contrarias a (sus) disposiciones.
Esta es la apoteosis de una trayectoria de creciente prohibición de las drogas en el derecho internacional desde la Conferencia de 1909 de la Comisión del Opio de Shanghái. Durante los últimos 50 años, esta trayectoria se ha concretado en la llamada “guerra contra las drogas”, el único ejemplo en el que un conjunto de normas de derecho nacional, transnacional e internacional regula la biodiversidad desde una perspectiva puramente moralista, mediante la declaración explícita de una guerra de destrucción y erradicación contra la “maldad” de ciertos medios ambientes y formas culturales, desatando así una ola de violencia sin par sobre la vida vegetal y las comunidades que se han formado históricamente alrededor de esa vida.
Desde la era colonial, cuando las drogas se usaron como medio para que las potencias coloniales occidentales desequilibraran en su favor el comercio internacional y obtuvieran poder soberano en el Sur y el Este Global, hasta la era de la llamada independencia poscolonial, cuando el control sobre el comercio rentable de drogas se pierde ante el “empoderamiento de las organizaciones mafiosas”, el objetivo ha sido erradicar y sujetar mediante la violencia lo que no puede ser controlado.
Dicha guerra ha intentado subyugar tanto a los sujetos poscoloniales –los Estados recién establecidos que emergían como sujetos jurídicos internacionales formal y nominalmente “iguales”, y sus poblaciones subalternas continuamente racializadas- como a las plantas, la diversidad cultural y los medioambientes.
En últimas, los giros del siglo XX en la guerra contra las drogas nos proporcionan un ejemplo de la relación entre la violencia colonial y la ambiental, mostrando cómo un discurso compartido conecta las guerras contemporáneas contra la vida vegetal con las guerras contra los cuerpos de sujetos racialmente subalternos. En este contexto, resulta claro que, si la reforma de la política de drogas ha de garantizar que la violencia actual de la guerra no se repita en una nueva forma, un mero cambio en la ley no será suficiente. La historia de la guerra y el prohibicionismo muestran que más o “mejores” leyes corren el riesgo de convertirse en otro giro en una historia de opresión colonial y orden global extractivista. Más bien, será necesaria una reconfiguración más amplia de la forma en que el derecho internacional y la política categoriza a los sujetos como humanos o no humanos, tanto en términos de sujetos racializados como de sujetos naturalizados.
En este sentido, la filosofía del nosotros y la diplomacia de humanos/no humanos que caracteriza la trayectoria histórica de las comunidades afro e indígenas de las Américas resultan cruciales. Resulta fundamental el ejercicio de crear espacios comunes entre las formas políticas, económicas, y jurídicas de la paz y los principios de las culturas vivas de las Américas. Ello para garantizar que la violencia que se perpetúa continuamente contra estos sujetos llegue a su fin.
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