“Este es un caso de genocidio propio de un libro de texto”, un ejemplo claro de la práctica prohibida por la legislación internacional y la historia de las relaciones entre pueblos en cuyo contexto emerge y tiene sentido esa denominación. Cuando menos esa es la conclusión a la que llega Raz Segal, historiador israelí y profesor de Estudios sobre Holocausto y Genocidio al referirse al asalto llevado a cabo por el gobierno de ultraderecha de su país en Gaza esta semana.
Segal se refiere con precisión a dicha acción y a la racionalización de tal violencia como “un uso vergonzoso” de las lecciones del Holocausto. El asalto a Gaza ejemplifica “la intención de cometer genocidio,” afirmó durante su intervención en el canal estadounidense de noticias Democracy Now. Las apelaciones al excepcionalismo por parte del gobierno actual del estado de Israel, comparaciones con “nazis” como la hecha por el ex primer ministro Naftali Bennett, o la deshumanizante descalificación colectiva de palestinos como “animales humanos” por el ministro de defensa son usados de manera utilitaria para justificar lo injustificable.
Para “racionalizar, negar, distorsionar y desconocer la violencia masiva,” dice Segal, junto al castigo colectivo en contra y el desplazamiento forzoso de los palestinos. Algo más de dos millones viven en Gaza, la mitad de ellos menores de edad. Han sido conminados, no “invitados,” a dejar sus casas bajo el pretexto de proteger sus vidas a la vista del inminente ataque, y de que ello demostraría el carácter humanitario de las acciones e intenciones del gobierno que las realiza. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho, con razón, que para vastos sectores de la población en Gaza la evacuación voluntaria es imposible.
El propio presidente Biden ha advertido en contra de la ilegal reocupación de dicha parte del territorio que ya ha sido convertido en una prisión a cielo abierto. Como ya ocurre en el banco occidental, por ejemplo, de la mano de civiles que habitan asentamientos ilegales y participan en el saqueo de las tierras palestinas. A estos civiles se habría referido el ministro ultraderechista de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, cuando anunció en días pasados que su oficina distribuiría diez mil rifles para armar “equipos de seguridad” alrededor de los asentamientos ilegales. En Colombia conocemos bien esa práctica; la llamamos paramilitarismo.
Pude ver esas prácticas de estado de sitio y vigilancia permanente con mis propios ojos, cuando visité varios lugares a lo largo y ancho de Palestina hace apenas unos meses. Tuve la oportunidad de escuchar a jóvenes palestinos cuya casa ha sido ocupada por colonos pagados por las autoridades y a una joven que al interponerse entre sus padres y los soldados que querían expulsarlos para demoler su casa fue arrestada y habría sido violada. Pero también constatar el fracaso de esa política de seguridad con la cual la derecha y ultraderecha israelí ha logrado aferrarse al poder, aún en contra de la oposición de no pocos de sus ciudadanos. La misma política cuyo fracaso hizo evidente la semana pasada la incursión de Hamas.
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No cabe duda de que el ataque indiscriminado contra civiles israelíes por parte de Hamás constituye un crimen de guerra, como afirmó en estos días el escritor palestino Rajah Shehadeh, haciendo presente el hecho de que ese grupo no representa a los palestinos ni a su autoridad reconocida internacionalmente al tiempo que recordaba cómo los Acuerdos de Oslo, que declaran a Gaza y el banco Occidental como “unidad territorial,” fueron desconocidos de manera inmediata por uno de sus firmantes al hacer casi imposible el tránsito entre ambas zonas, como pude constatar.
Fue una “preparación para lo que vendría, impedir que los israelíes vean a sus vecinos palestinos como seres humanos, y a los palestinos encontrarse con sus vecinos israelíes de manera ordinaria, otra que como soldados o colonos,” dice Shehadeh antes de concluir: “No pienso que Israel quiera tan solo destruir a Hamás”. La Convención del 48 requiere demostrar la intención singular por parte de quien comete la acción de “destruir a un grupo” definido como tal en términos raciales, étnicos, religiosos y nacionales. ¿Es ello lo que hemos escuchado de boca de los propios funcionarios del gobierno, como afirma Segal?
Por ejemplo, el ministro Yoav Gallant al declarar el “sitio completo” de Gaza, como si se tratase de completar el que ya ha tenido lugar por diecisiete años, e implementar el corte total del agua (que ya era parcial), la energía, y alimentos; o el enlace de prensa del ejército israelí Daniel Hagari quien reconoció que el énfasis de las operaciones estaba en causar “daño, no en la precisión.” Así, la intención genocida sería explícita y demostrable.
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Quizás por ello, en días pasados una organización que incluye a progresistas y conservadores hizo llegar un documento legal a políticos del gobierno y la oposición británicos advirtiendo acerca de su posible complicidad en la “comisión inminente de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” en Gaza debido a sus desmesuradas declaraciones públicas en las que el castigo colectivo de los palestinos parecía confundirse con el derecho de autodefensa del estado israelí.
Dado que vivimos en tiempos mediáticos de verdades a medias y falsas equivalencias presentadas como balance es necesario aclarar que denunciar los crímenes y el posible genocidio en Gaza no significa justificar a Hamás. Ni Israel es un pueblo homogéneo ni Hamás es representativo de todo el pueblo palestino. Tampoco es políticamente efectivo culpar a los israelíes sin más. Ello en al menos dos sentidos: el primero es ético. La ética, como los órdenes normativos internacionales, califica acciones y por ello se expresa en verbos o adverbios. No tiene nada que ver con nombres propios ni con sustantivos.
El segundo es histórico. No tiene sentido analizar los hechos en Gaza sin tomar en cuenta la responsabilidad, o mejor irresponsabilidad, de quienes han permitido o justificado en Europa y otros lugares el contexto de colonización que ha tenido lugar en Palestina por décadas y lo siguen haciendo al hablar de “derecho de autodefensa,” de “el mal” (un término que descontextualiza y demoniza), o al poner en el mismo saco la crítica al gobierno actual de Israel y sus acciones en los territorios ocupados con el antisemitismo.
Cuando el presidente Petro afirma que en Colombia “no apoyamos genocidios,” como se sigue de lo anteriormente descrito, su caracterización de la situación es demostrable, correcta, y decir que tal afirmación constituiría una muestra de racismo carece de sentido. Y antes de que alguien descalifique a Segal y otros como él como “self-hating jews” por sus afirmaciones esta semana, hay que recordar que lanzar tales epítetos sí puede constituir antisemitismo. La verdad y su coraje plebeyo no admiten equívocos.
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