La derecha, en Gran Bretaña, en España y en el este de Europa, como en los EE. UU. y el resto de las Américas es cada vez más destructiva. En Gran Bretaña, no contenta con haberse hecho con el poder mediante la mentira del Brexit, cuyos efectos desastrosos hasta ellos mismos admiten a puerta cerrada, ahora se empeñan en arruinar lo que queda del Servicio Nacional de Salud, de cobertura universal y publica, y la educación superior, para terminar de privatizarlos. Y proyectan la culpa de todo en los inmigrantes y los trabajadores y las trabajadoras en huelga.
La legislación antihuelga que el gobierno conservador ha puesto en consideración del Parlamento, y que forzaría niveles mínimos de servicio, no solamente convertiría a los sindicatos en su contrario (¿tendrían los sindicatos que pedir el despido de sus afiliados si insisten en la huelga?), sino que además afectaría de manera singular los derechos de servidores públicos con una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina tales como la salud y la educación.
“Ya en 1997, un antiguo primer ministro afirmó que Reino Unido tiene ‘las leyes sobre sindicatos más restrictivas del mundo occidental’… [los] nuevos poderes se verán reforzados por sanciones brutales. Un trabajador que se niegue al llamado de su empleador para cumplir con los niveles de servicios mínimos perderá la protección por despido improcedente si es despedido,” advierten Keith Ewing y Lord John Hendy en su muy ponderado análisis del proyecto de ley que busca convertir a los sindicatos en rompehuelgas.
Los empleadores podrían hacer lo que ni siquiera un tribunal especializado está habilitado a hacer en el Reino Unido. Tales medidas serían bien vistas por las derechas de Ayuso y Vox en España o las derechas criollas en Colombia. En la primera, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que es necesario avanzar hacia una “sanidad liquida”. Se habrá atragantado al intentar citar sin leer a Zygmunt Bauman. “El consejero abrazará el uso paulocoelhizado de conceptos sociológicos,” afirma el médico y diputado Javier Padilla, “sin embargo, el asunto es serio… Porque lo liquido en Bauman es justamente la ruptura de los vínculos sociales sólidos… lo que propone el gobierno de Ayuso es que deje de ser algo público”. Que es lo que defienden críticos de la reforma a la salud recién presentada por el actual gobierno colombiano. Esta significaría “la estatización de los servicios de salud”, afirmo el columnista y barón electoral German Vargas Lleras.
Pues en Reino Unido y España es eso justamente lo que existe: servicio estatal de salud. Y las mayorías de estos países que no son ni mucho menos comunistas lo defienden como el bien inapreciable que es en contra de los intentos de las derechas por privatizarlos del todo. No lo hacen por ideología, ni porque dichos servicios sean perfectos. Simplemente, saben bien lo que perderían, y que dichos políticos están en el bolsillo de las aseguradoras privadas. Solo tiene que mirar a los Estados Unidos. Tras haber convencido a muchos de que la salud es un asunto “comunista”, los conservadores de Florida y el resto de estados republicanos intentan extorsionar al gobierno demócrata amenazándole con la quiebra si no accede hacer recortes aún más profundos en salud y educación.
A tal sinsentido, lo razonable es responder con otro sentido. Por ejemplo, dicen con ironía los entendidos, acuñar una moneda de un trillón de dólares y de tal manera saltarse el techo impuesto por los conservadores republicanos. ¿Y en el este de Europa? Allí esta Putin, ese populista de derechas, quien ha hecho más daño que nadie tras invadir a Ucrania. Lo destructivo hoy son las derechas.
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