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22 Jun 2022 - 7:52 p. m.

Estados Unidos y Colombia

Los Estados Unidos y Colombia tienen un problema de seguridad común. Esa podría ser la base de la colaboración entre la administración Biden y la del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Ambos países enfrentan insurgencias, pero estas ya no provienen de la izquierda como era el caso en el pasado. Las insurgencias del presente provienen de la derecha y su deriva ultraderechista, casi fascista.

El mismo lunes en que los medios nacionales e internacionales anunciaban la victoria indiscutible del antiguo miembro del M-19 en Colombia, el New York Times destacaba en la primera plana de su versión inglesa una nota con el siguiente titular: ‘Regresa la violencia a Colombia.’ La nota analizaba el significado del paro armado realizado por el llamado Clan del Golfo hace apenas unas semanas, su asociación con las nunca desmovilizadas milicias paramilitares, cuando menos no del todo en contraste con el propio M-19 y las FARC, y su capacidad para intervenir los procesos democráticos, hasta cooptar y beneficiarse de manera parasítica de las instituciones, las economías, y el estado.

Como una suerte de vampiroteuthis infernalis cuyas ventosas rodean el cuerpo político de la república quitándole la vida. La urgencia con que la nota del New York Times apunta a la necesidad de desarticular a esta y otras bandas paramilitares, criminales, da en el clavo. Impide realizar el deseo de los colombianos, en una y otra orilla política, de alcanzar paz y tranquilidad. E implementar lo acuerdos de paz. No sólo los del 2016 sino también los anteriores.

Aún más, al leer la nota del New York Times el lector casual siente que esta podría también referirse a los insurreccionistas que se tomaron el Capitolio de Washington el 6 de enero del 2021, dada la coincidencia entre la publicación y la celebración de las sesiones del Comité Investigador. El Comité querría demostrar que Donald Trump habría enviado falsos electores y azuzado a estas milicias para interrumpir el proceso democrático y llevar a cabo lo que en Latinoamérica llamaríamos un golpe de estado, o cuando menos un acto de fuerza para mantenerse en el poder.

Ahora bien, esa amenaza persiste en los Estados Unidos, como persiste en Colombia, y en el Brasil de Bolsonaro, cuyas implicaciones han regresado a las primeras páginas de los medios tras el asesinato de un periodista británico en el Amazonas. En dicho contexto, la propuesta económica central de Petro, una transición justa hacia modelos menos dependientes de fósiles y extractivismo para proteger el Amazonas como la esponja de las emisiones de los países del norte global y pulmón del medio ambiente mundial en un contexto de grave amenaza de colapso ecológico, converge con y se complementa con la necesidad de neutralizar la amenaza que para ambos países, EE. UU. y Colombia, también Brasil, constituyen las milicias armadas de ultraderecha y sus campeones en la derecha política más establecida.

La nueva marea rosada latinoamericana es posbolivariana, su enfoque es posextractivista, ecológico y económico al tiempo, y enfrenta amenazas de seguridad que también enfrentan los Estados Unidos. Allí puede darse un dialogo constructivo, como dijo Petro en su discurso del lunes pasado.

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