La semana pasada, al tiempo que los medios se rasgaban las vestiduras tras declarar el “auto-golpe” inflingido por la “dictadura” venezolana, el Secretario del Gobierno de Su Majestad Británica para el llamado Brexit, anunció como parte del “tranquilo” proceso que separará al país de la Unión Europea un conjunto de medidas conocido como “La Gran Revocatoria”. El núcleo de estas medidas consiste en la asunción por parte del Ejecutivo de poderes legislativos que corresponden al Parlamento, en particular a la Cámara de los Comunes – la única elegida en forma directa por voto popular.
Tales poderes, que se suponen excepcionales, permitirán al Ejecutivo enmendar por sí solo y sin intervención decisiva del Parlamento miles de leyes. Se les conoce en el argot político como “Poderes Enrique VIII”, el segundo monarca de la dinastía Tudor famoso por haber introducido en esta nación la teoría del derecho divino de los reyes, extremar el poder absoluto del monarca, y ejecutar con frecuencia a disidentes políticos acusados de traición y herejía sin proceso judicial alguno. Ello para no hablar de su apetito financiero, sus guerras, y la manera digamos peculiar de disolver su relación con las consortes del género femenino.
Al referirse a dichos poderes, Lord Judge, cabeza del Poder Judicial en Inglaterra hasta 2013, los describió como un “golpe auto-inflingido” al Parlamento pues sólo deberían ser usados en caso de emergencia.
El único límite propuesto por el gobierno al uso de los “Poderes Enrique” consiste en que se tratarán tan solo materias “técnicas”. Pero corresponde a los propios ministros del Gobierno definir que sea lo técnico, de manera que serán responsables solamente frente a sí mismos. El ejemplo de una materia “técnica” dado por el propio gobierno es el retiro del mecanismo de consulta previa a la ejecución de obras petrolíferas en hábitats protegidos, que por supuesto tendrá consecuencias sustantivas y no solo técnicas.
No es claro que este tipo de poderes, junto a otros también contemplados en la iniciativa gubernamental, sean en absoluto necesarios para el Brexit. La reputada organización de derechos humanos Liberty ha dicho que “crean enormes vacíos donde deberían estar nuestros derechos”, y el comentarista Sam Fowles concluyó que “el gobierno ha dispuesto así los fundamentos de un discurso perfecto para silenciar toda crítica”.
Alguien dijo que nuestros conflictos se originan en la preferencia por ciertas comparaciones en vez de otras. A ningún comentarista criollo se le ocurriría, ni más faltaba, comparar los eventos de Venezuela y Gran Bretaña la semana pasada. Lo dicho por la OEA respecto de Brasil, o su silencio, tampoco sería comparable con lo dicho sobre Venezuela. Se trata de preferencias carentes de razones suficientes.
La semana pasada, al tiempo que los medios se rasgaban las vestiduras tras declarar el “auto-golpe” inflingido por la “dictadura” venezolana, el Secretario del Gobierno de Su Majestad Británica para el llamado Brexit, anunció como parte del “tranquilo” proceso que separará al país de la Unión Europea un conjunto de medidas conocido como “La Gran Revocatoria”. El núcleo de estas medidas consiste en la asunción por parte del Ejecutivo de poderes legislativos que corresponden al Parlamento, en particular a la Cámara de los Comunes – la única elegida en forma directa por voto popular.
Tales poderes, que se suponen excepcionales, permitirán al Ejecutivo enmendar por sí solo y sin intervención decisiva del Parlamento miles de leyes. Se les conoce en el argot político como “Poderes Enrique VIII”, el segundo monarca de la dinastía Tudor famoso por haber introducido en esta nación la teoría del derecho divino de los reyes, extremar el poder absoluto del monarca, y ejecutar con frecuencia a disidentes políticos acusados de traición y herejía sin proceso judicial alguno. Ello para no hablar de su apetito financiero, sus guerras, y la manera digamos peculiar de disolver su relación con las consortes del género femenino.
Al referirse a dichos poderes, Lord Judge, cabeza del Poder Judicial en Inglaterra hasta 2013, los describió como un “golpe auto-inflingido” al Parlamento pues sólo deberían ser usados en caso de emergencia.
El único límite propuesto por el gobierno al uso de los “Poderes Enrique” consiste en que se tratarán tan solo materias “técnicas”. Pero corresponde a los propios ministros del Gobierno definir que sea lo técnico, de manera que serán responsables solamente frente a sí mismos. El ejemplo de una materia “técnica” dado por el propio gobierno es el retiro del mecanismo de consulta previa a la ejecución de obras petrolíferas en hábitats protegidos, que por supuesto tendrá consecuencias sustantivas y no solo técnicas.
No es claro que este tipo de poderes, junto a otros también contemplados en la iniciativa gubernamental, sean en absoluto necesarios para el Brexit. La reputada organización de derechos humanos Liberty ha dicho que “crean enormes vacíos donde deberían estar nuestros derechos”, y el comentarista Sam Fowles concluyó que “el gobierno ha dispuesto así los fundamentos de un discurso perfecto para silenciar toda crítica”.
Alguien dijo que nuestros conflictos se originan en la preferencia por ciertas comparaciones en vez de otras. A ningún comentarista criollo se le ocurriría, ni más faltaba, comparar los eventos de Venezuela y Gran Bretaña la semana pasada. Lo dicho por la OEA respecto de Brasil, o su silencio, tampoco sería comparable con lo dicho sobre Venezuela. Se trata de preferencias carentes de razones suficientes.