Lo único que demuestra el Estado colombiano, especialmente el Gobierno Nacional con su pasividad ante el daño ecológico en la selva amazónica, sobre todo en la zona cercana a Chiribiquete, es que poco le importa la conservación de este territorio y que dentro de sus prioridades la lucha por la conservación del medio ambiente no se encuentra en los primeros lugares de su agenda.
En un país civilizado, óigase bien, civilizado, y con un presidente con los pantalones bien puestos y criterio propio, desde el día CERO se hubiesen implementado acciones en este territorio con el fin de evitar que las 245 especies de peces, de las cuales 12 son nuevas para la ciencia y 22 son endémicas, las 34 especies de anfibios, las 52 de reptiles y las 737 de aves que habitan en este lugar desaparezcan como consecuencia de la tala y quema de bosques indiscriminadas, que se llevan a cabo con la clara intención de utilizar el suelo para ganadería extensiva y también para la siembra de cultivos de uso ilícito, extracción de madera y minería ilegal.
Una publicación de Semana Sostenible asegura que “el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete concentra 65% de la deforestación nacional con 144.000 hectáreas de selva derribadas”, lo que constituye una masacre ambiental que no se detiene, y según el Ideam “quienes impulsan esta tala indiscriminada buscan principalmente expandir las praderas para apropiárselas y acaparar las tierras para ganadería”.
Cabe preguntarse ¿qué opina Fedegán de este daño ecológico? Porque hasta el momento no recuerdo que el señor José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero, se haya pronunciado en contra de todo este daño ambiental que promueven miembros de este sector económico.
Para colmo de males, ante el evidente aumento de la siembra de hoja de coca en sus alrededores, al Gobierno Nacional la única solución que se le ocurre para detenerla es el retorno del glifosato, sin medir las consecuencias que este puede tener sobre el medio ambiente, especialmente en esta zona.
Es increíble que hoy se mueva la sociedad civil, alrededor de quienes piden acciones inmediatas para evitar que este problema siga creciendo, mucho más que el mismo Estado, que es quien se supone debió actuar de manera inmediata desde el primer momento en que se dieron las alertas.
Es por esto que aplaudo las demandas que en este sentido se están presentando ante las autoridades judiciales, una de ellas, la interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Camilo Araque, quien mediante una acción constitucional popular con medida cautelar, representando al Movimiento Ambiental Vivos, busca que en un plazo de seis meses entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y demás entidades relacionadas con el tema tomen medidas y acciones para evitar que este daño ecológico se expanda de manera incontrolable.
No sé qué tanto interés tenga el Gobierno Nacional por la protección al medio ambiente. Por lo que hasta el momento se ha visto, es de CERO. Ojalá esté equivocado, porque de no ser así Colombia será recordada por el resto de países del mundo entero como una nación que permitió el asesinato de una gran riqueza ambiental.
Lo único que demuestra el Estado colombiano, especialmente el Gobierno Nacional con su pasividad ante el daño ecológico en la selva amazónica, sobre todo en la zona cercana a Chiribiquete, es que poco le importa la conservación de este territorio y que dentro de sus prioridades la lucha por la conservación del medio ambiente no se encuentra en los primeros lugares de su agenda.
En un país civilizado, óigase bien, civilizado, y con un presidente con los pantalones bien puestos y criterio propio, desde el día CERO se hubiesen implementado acciones en este territorio con el fin de evitar que las 245 especies de peces, de las cuales 12 son nuevas para la ciencia y 22 son endémicas, las 34 especies de anfibios, las 52 de reptiles y las 737 de aves que habitan en este lugar desaparezcan como consecuencia de la tala y quema de bosques indiscriminadas, que se llevan a cabo con la clara intención de utilizar el suelo para ganadería extensiva y también para la siembra de cultivos de uso ilícito, extracción de madera y minería ilegal.
Una publicación de Semana Sostenible asegura que “el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete concentra 65% de la deforestación nacional con 144.000 hectáreas de selva derribadas”, lo que constituye una masacre ambiental que no se detiene, y según el Ideam “quienes impulsan esta tala indiscriminada buscan principalmente expandir las praderas para apropiárselas y acaparar las tierras para ganadería”.
Cabe preguntarse ¿qué opina Fedegán de este daño ecológico? Porque hasta el momento no recuerdo que el señor José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero, se haya pronunciado en contra de todo este daño ambiental que promueven miembros de este sector económico.
Para colmo de males, ante el evidente aumento de la siembra de hoja de coca en sus alrededores, al Gobierno Nacional la única solución que se le ocurre para detenerla es el retorno del glifosato, sin medir las consecuencias que este puede tener sobre el medio ambiente, especialmente en esta zona.
Es increíble que hoy se mueva la sociedad civil, alrededor de quienes piden acciones inmediatas para evitar que este problema siga creciendo, mucho más que el mismo Estado, que es quien se supone debió actuar de manera inmediata desde el primer momento en que se dieron las alertas.
Es por esto que aplaudo las demandas que en este sentido se están presentando ante las autoridades judiciales, una de ellas, la interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Camilo Araque, quien mediante una acción constitucional popular con medida cautelar, representando al Movimiento Ambiental Vivos, busca que en un plazo de seis meses entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y demás entidades relacionadas con el tema tomen medidas y acciones para evitar que este daño ecológico se expanda de manera incontrolable.
No sé qué tanto interés tenga el Gobierno Nacional por la protección al medio ambiente. Por lo que hasta el momento se ha visto, es de CERO. Ojalá esté equivocado, porque de no ser así Colombia será recordada por el resto de países del mundo entero como una nación que permitió el asesinato de una gran riqueza ambiental.