Si el Gobierno de Iván Duque va a dar la lucha frontal contra el crimen organizado por la vía militar y de policía como la ley ordena, lo primero que debe hacer es decidir si su prioridad son las bajas en combates o las capturas y el posterior proceso judicial que puede culminar con la condena y la extradición del sujeto, si este es solicitado por otro país.
Es claro que, como a todo colombiano, nos gusta la adrenalina y creemos que aplicando el viejo y conocido refrán cuya letra dice que “muerto el perro se acaba la rabia” casos como el de Wálter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, se solucionan con la baja en combate. Craso error, porque su estructura criminal no se va a terminar luego de su muerte, ni sus miembros se van a espantar. Ahora se debe pensar en la persecución de quienes le van a suceder en la jefatura del frente Óliver Sinisterra, desde donde este exguerrillero ejecutó cientos de asesinatos, desapariciones y manejó el narcotráfico y las diferentes rentas ilegales en territorio fronterizo con el Ecuador.
Creo que en materia de acceso a la verdad de los hechos y desarticulación del crimen organizado, para Colombia hubiese sido mejor la captura de alias Guacho. De esta manera sus víctimas tendrían la mínima esperanza de saber qué sucedió con sus seres queridos, que les sean restituidos los bienes que les fueron arrebatados, que les devuelvan a sus jóvenes reclutados por la estructura criminal y de paso, también, las autoridades judiciales hubieran podido conocer de su propia voz quiénes hacen parte de las diferentes redes que operan en las ciudades en el negocio del microtráfico, compra y venta de armas ilegales, etc.
Sin embargo, gracias a que nos hemos dejado llevar por la adrenalina, nos hemos quedado con el cadáver de alias Guacho, sin la verdad de los hechos y con el frente Óliver Sinisterra vivito y coleando. Lo que equivale a decir que Colombia se quedó con el pergamino y sin el trofeo, a diferencia de países como México, por ejemplo, que le dio prioridad a la captura de un elemento de alto valor como lo era el Chapo Guzmán, le sometió a la justicia y de paso lo extraditó a los Estados Unidos, en donde hoy día está confesando sus crímenes y mencionando los nombres de quienes hacían parte de sus redes en el territorio manito y los demás países en donde opera su organización criminal, incluido el nuestro.
El Gobierno de Iván Duque debe analizar y tener en cuenta que hoy día a los colombianos no les emociona mucho ver por televisión la exhibición del cadáver de determinado capo por importante que este haya sido, porque, aunque no lo reconozcan públicamente, lo que más les interesa es que la justicia le obligue a reconocer sus crímenes, confiese la verdad de los hechos y, si el caso lo amerita, repare por los daños causados. En pocas palabras, el primer mandatario debe tener en cuenta que las condiciones para el manejo del orden público han cambiado y que, por tanto, no es bueno que regresemos a sentarnos en la bicicleta estática de la Seguridad Democrática, en donde se daba de baja a un objetivo de alto valor como el Mono Jojoy, Alfonso Cano o el Negro Acacio, y al día siguiente debía lanzarse otra operación para dar con el paradero de su sucesor, para continuar en este círculo vicioso quién sabe por cuánto tiempo más.
Si lo que busca el Gobierno de Iván Duque es devolver la tranquilidad a los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo, desestructurando el Frente Óliver Sinisterra, debe pensar en cómo hacerlo, si a través de capturas para luego someter a sus miembros a la justicia en donde podrán confesar sus crímenes a las autoridades judiciales, quienes podrán conocer de primera mano la manera como opera esta organización, o la baja en combate, donde, luego de darle muerte al sujeto, no se puede hacer nada más allá de exhibir el cadáver ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación.
En el afán de mostrar resultados en la lucha contra el crimen organizado, Colombia debe tener en cuenta que no puede continuar en la idea equivocada de quedarse con el pergamino y sin el trofeo.
Si el Gobierno de Iván Duque va a dar la lucha frontal contra el crimen organizado por la vía militar y de policía como la ley ordena, lo primero que debe hacer es decidir si su prioridad son las bajas en combates o las capturas y el posterior proceso judicial que puede culminar con la condena y la extradición del sujeto, si este es solicitado por otro país.
Es claro que, como a todo colombiano, nos gusta la adrenalina y creemos que aplicando el viejo y conocido refrán cuya letra dice que “muerto el perro se acaba la rabia” casos como el de Wálter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, se solucionan con la baja en combate. Craso error, porque su estructura criminal no se va a terminar luego de su muerte, ni sus miembros se van a espantar. Ahora se debe pensar en la persecución de quienes le van a suceder en la jefatura del frente Óliver Sinisterra, desde donde este exguerrillero ejecutó cientos de asesinatos, desapariciones y manejó el narcotráfico y las diferentes rentas ilegales en territorio fronterizo con el Ecuador.
Creo que en materia de acceso a la verdad de los hechos y desarticulación del crimen organizado, para Colombia hubiese sido mejor la captura de alias Guacho. De esta manera sus víctimas tendrían la mínima esperanza de saber qué sucedió con sus seres queridos, que les sean restituidos los bienes que les fueron arrebatados, que les devuelvan a sus jóvenes reclutados por la estructura criminal y de paso, también, las autoridades judiciales hubieran podido conocer de su propia voz quiénes hacen parte de las diferentes redes que operan en las ciudades en el negocio del microtráfico, compra y venta de armas ilegales, etc.
Sin embargo, gracias a que nos hemos dejado llevar por la adrenalina, nos hemos quedado con el cadáver de alias Guacho, sin la verdad de los hechos y con el frente Óliver Sinisterra vivito y coleando. Lo que equivale a decir que Colombia se quedó con el pergamino y sin el trofeo, a diferencia de países como México, por ejemplo, que le dio prioridad a la captura de un elemento de alto valor como lo era el Chapo Guzmán, le sometió a la justicia y de paso lo extraditó a los Estados Unidos, en donde hoy día está confesando sus crímenes y mencionando los nombres de quienes hacían parte de sus redes en el territorio manito y los demás países en donde opera su organización criminal, incluido el nuestro.
El Gobierno de Iván Duque debe analizar y tener en cuenta que hoy día a los colombianos no les emociona mucho ver por televisión la exhibición del cadáver de determinado capo por importante que este haya sido, porque, aunque no lo reconozcan públicamente, lo que más les interesa es que la justicia le obligue a reconocer sus crímenes, confiese la verdad de los hechos y, si el caso lo amerita, repare por los daños causados. En pocas palabras, el primer mandatario debe tener en cuenta que las condiciones para el manejo del orden público han cambiado y que, por tanto, no es bueno que regresemos a sentarnos en la bicicleta estática de la Seguridad Democrática, en donde se daba de baja a un objetivo de alto valor como el Mono Jojoy, Alfonso Cano o el Negro Acacio, y al día siguiente debía lanzarse otra operación para dar con el paradero de su sucesor, para continuar en este círculo vicioso quién sabe por cuánto tiempo más.
Si lo que busca el Gobierno de Iván Duque es devolver la tranquilidad a los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo, desestructurando el Frente Óliver Sinisterra, debe pensar en cómo hacerlo, si a través de capturas para luego someter a sus miembros a la justicia en donde podrán confesar sus crímenes a las autoridades judiciales, quienes podrán conocer de primera mano la manera como opera esta organización, o la baja en combate, donde, luego de darle muerte al sujeto, no se puede hacer nada más allá de exhibir el cadáver ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación.
En el afán de mostrar resultados en la lucha contra el crimen organizado, Colombia debe tener en cuenta que no puede continuar en la idea equivocada de quedarse con el pergamino y sin el trofeo.