Los 133 impedimentos y recusaciones radicados en el Concejo de Bogotá durante los 90 días que corrieron después de que la administración de la alcaldesa Claudia López radicara el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), junto con la decisión de la mayoría de los miembros de la Alianza Verde en la corporación de imponer la Ley de Bancadas para votar el trámite de la iniciativa, pusieron al Cabildo bajo sospecha.
No fue para nada normal que llegaran una cantidad de recusaciones, una de ellas firmada por el señor Evaristo Solano, quien aseguró desconocer el tema y dijo además que no había firmado los documentos, en medio de un debate que necesitaba darse de cara a la ciudad, y del que se esperaba surgiera un acuerdo que permitiera su aprobación, evitando lo que tanto se temía: que el proyecto de POT se aprobara por decreto.
Quedó entonces la duda de si todas estas recusaciones e impedimentos hicieron parte de una estrategia acordada entre la administración y algunos miembros del Concejo de Bogotá para evitar el debate y permitirle a la alcaldesa Claudia López aprobar la iniciativa tal como fue concebida por su administración. Nunca sabremos si esto fue cierto o no, entre otras porque las entidades de control tampoco se tomarán el trabajo de averiguarlo, por más que anuncien apertura de investigaciones.
De igual manera, tampoco sabremos qué motivó a los concejales Edward Arias, Julián Rodríguez Sastoque, María Fernanda Rojas, Andrea Padilla, Diego Laserna, Andrés Onzaga, y Julián Espinoza a imponerles el voto de bancada a una minoría conformada por Lucía Bastidas, Diego Cancino, Martín Rivera Alzate y Luis Carlos Leal, quienes tenían reparos sobre algunos puntos del POT.
Mucho menos podemos soñar con conocer la verdadera razón de la mayoría en la Alianza Verde bogotana para cambiar la postulación de Martín Rivera Alzate para la presidencia de la Comisión Tercera, y en cambio proponer el nombre de Libardo Asprilla, sin importarles que este se encuentra recién llegado a la corporación, que no tiene experiencia en el trámite de un proyecto normativo y, lo que es peor, que viene de ocupar un cargo de primer nivel en la administración, lo que pone en duda la independencia de sus actuaciones.
El concejal Diego Cancino habló de unas supuestas llamadas para advertir que la administración les quitaría algunos puestos a sus colegas si el elegido era Martín Rivera, un concejal de la Alianza Verde que se ha caracterizado por decirle a la alcaldesa Claudia López “No” cuando debe hacerlo y llamar, al pan, pan, y al vino, vino.
Si es cierto que desde la administración distrital se hicieron tales llamadas, ¿quiénes fueron los concejales que las recibieron? ¿A qué puestos se referían? Y, lo más importante, ¿quién hizo las llamadas?
Durante los últimos días se habla de la salida de Carolina Durán del cargo de secretaria de Desarrollo Económico y se menciona que su reemplazo sería el señor Alfredo Bateman, y en algunos medios de comunicación se dijo que tras la postulación del nuevo funcionario estaría la concejal María Fernanda Rojas. ¿Es esto cierto concejal?
Como era de esperarse, luego de que se dio la noticia, la concejal de la Alianza Verde, en lugar de buscar la aclaración del hecho, diciendo si Bateman es o no es cercano a ella, anunció acciones judiciales a los medios que difundieron la información (La Fm, Semana, Confidencial Colombia, Infobae, etc.).
Parece que la concejal Rojas, al igual que cualquier político en Colombia, pretende usar la justicia como lavadero de imagen, olvidando además que como servidora pública se encuentra obligada a dar las explicaciones que se le pida cuando estas se encuentren relacionadas con su oficio, en este caso como concejal de Bogotá. No sé si la cabildante olvida también que el periodismo puede y debe servir como veedor ciudadano y su tarea es revelar cualquier hecho, no importa si es bueno o malo, y que son los funcionarios públicos y quienes ejercen la labor de control político, los que deben responder demostrando la transparencia con la que actúan. También, que no es el periodismo el que debe corroborar si es culpable o inocente: para eso están los órganos de control y la justicia.
Todos estos hechos que he mencionado han puesto al Concejo de Bogotá, en la opinión pública, bajo sospecha, y sus integrantes no pueden enojarse, ni gritar, ni vociferar, ni pretender amedrentar con acciones judiciales porque el periodismo ejerza su labor como veedor de sus funciones como servidores públicos.
La capital del país no ha terminado de superar las consecuencias que dejaron para ella los hechos de clientelismo que se dieron durante la administración de Samuel Moreno, en donde algunos concejales fueron protagonistas de primer orden, como para que ahora quede la impresión de que, una vez, más se estaría cayendo en el mismo error.
