La Corte Constitucional pudo tener la mejor de las intenciones al permitir que las parejas del mismo sexo que conformen unión marital adopten a un menor, pero de nada va a servir si no se crean las condiciones para que esto se convierta en una verdadera realidad.
Resulta bastante triste y lamentable que los distintos sectores políticos, incluyendo a quienes forman parte de la comunidad LGBTI en Colombia pierdan el tiempo discutiendo en si una pareja del mismo sexo pueden o no hacerse cargo de un menor de edad, en lugar de pensar en cómo preparar al país para esta nueva realidad.
Esa discusión ya debe superarse, porque el que un niño crezca en un hogar conformado por un hombre y una mujer no es garantía de bienestar, porque de ser así, no resultaría lógico ver a tantos menores mal tratados física y psicológicamente por su padre, su madre o por los dos al tiempo en el peor de los casos.
Es por eso que me sorprende ver como las personas que tienen una formación cristiana bastante arraigada, sectores políticos de tradición conservadora como el Procurador Alejandro Ordóñez y la misma iglesia Católica, protestan porque se permite que parejas del mismo sexo adopten a un menor, pero callan cuando se conoce que matrimonios hombre y mujer maltratan a un niño, bien sea física, emocionalmente o sexualmente. Esto sí es un hecho aberrante que se debe rechazar.
Aquí el debate que se debe dar en adelante, es como reorganizar al mismo Estado, para que al menor y su nueva familia no tengan ningún problema en el momento en que deban realizar algún trámite a lo largo de su crecimiento.
No es posible, que a estas alturas la institucionalidad no se esté preparando para todo lo que va a suceder luego de que se realicen las primeras adopciones. Me explico: si en el caso de que en enero de 2016 una pareja del mismo sexo logre adoptar a un menor y acuda a un colegio para matricular a su hijo, se puede encontrar con la sorpresa de que el formulario de inscripción está diseñado solo para que se anote el nombre del papá y la mamá, pero no para que provenga de un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Pregunto entonces, ¿ha hecho algo al respecto la ministra de Educación?, como también pregunto si ya habrá pensado en cómo hacer para que los colegios que son dirigidos por órdenes sacerdotales (Salesianos, Jesuitas, etc.), no se opongan a esta realidad.
Insisto en lo mismo que expresé con anterioridad en otro espacio de opinión, el tema no se reduce solo a si dos hombres o dos mujeres pueden adoptar, esto va más allá y parece que el país no se ha dado cuenta de eso, por limitar el debate a la parte cosmética de este asunto.
Tampoco se han dado cuenta de que una de las obligaciones que tiene la pareja es la de afiliar al menor en una EPS. La pregunta es por el cómo, si los formularios de inscripción están diseñados solo para las familias que provengan de un hombre y una mujer, pregunto entonces: ¿El ministro de Salud ya puso a su equipo a trabajar en este asunto?
Así como estos dos casos, en nuestro país existen muchos más en los que el orden de las cosas se deben ajustar para que las familias conformadas entre dos personas del mismo sexo, no tengan que verse sometidas a la espera de que se falle una tutela que ordene arreglar lo que la falta de previsión del Gobierno Nacional y la cobardía de un Congreso de la República, no permitieron trabajarlos con la suficiente antelación.
Repito, el tema no se limita a evitar el matoneo y la discriminación tan común en una sociedad como la nuestra, porque las reglas en el orden de nuestro país están diseñadas para las familias que provienen de la unión marital entre un hombre y una mujer y no entre dos personas del mismo sexo. Es esto lo que se debe adecuar, ahora que la Corte Constitucional permitió que esto fuera un hecho.
