Muchos bogotanos celebran las acciones de la Fiscalía y la Policía que en los últimos días han permitido desarticular algunas de las redes de tráfico de drogas ilegales en colegios y universidades; sin embargo, no he visto que alguien haya preguntado por el lugar del que llegan esas sustancias psicoactivas a la capital de la República.
Es claro que la mayoría de esas drogas ilegales, que de manera clandestina se venden en colegios, universidades, bares, discotecas, moteles, esquinas y parques, no se fabrican en Bogotá, ni el cultivo que origina su procesamiento se lleva a cabo en la capital. Es por esto que vale la pena preguntar ¿de dónde llegan esas sustancias?; ¿quién las trae?;¿cómo llegan a la ciudad?
En días pasados sostuve un diálogo con altos funcionarios del gobierno del Distrito, quienes me aseguraron que en Bogotá no hay presencia de organizaciones criminales derivadas del narcotráfico, ni mucho menos armados ilegales, y que el problema de inseguridad era causado por delincuencia común que, según ellos, “usurpa el nombre de estos grupos”. Ante tal afirmación me quedaron más dudas de las que tenía antes de iniciar la charla, porque al menos para mí es claro que lo que actuaba en el Bronx no era una simple pandilla de maleantes, sino una banda criminal que controlaba un territorio, secuestraba, torturaba, desaparecía personas, lavaba dineros, vendía grandes cantidades de drogas ilegales en dosis mínima, manejaba redes de prostitución y traficaba con armas de manera organizada y piramidal. ¿No es esto una estructura criminal?
Y en lo que tiene que ver con las drogas ilegales que se comercializan en Bogotá, es bien sabido que estas no llegan a la capital de manera esporádica, ni por casualidad. Estas hacen presencia en la capital por la acción de estructuras y redes criminales, negocio que es manejado por organizaciones ilegales. Esta es la realidad que el Distrito debe reconocer, si es que en verdad desea acabar con este problema que azota a barrios y localidades enteras.
Siempre lo he dicho y lo diré: Bogotá no es ajena a los problemas de narcotráfico que vive el país. Que este no haga presencia con la misma lógica que utiliza en ciudades como Medellín y Cali no significa que no se encuentre latente en la capital. No se puede tapar el sol con un dedo.
No es negando este problema, ni acudiendo a la vieja práctica en la política de “esconder la basura debajo de la alfombra”, disfrazando las situaciones que resultan incómodas con nombres y frases rimbombantes, como se va a solucionar este flagelo en Bogotá. Lo primero que debe hacer la administración distrital es reconocer que estructuras y redes criminales se han tomado a la capital, inundado a sus barrios y localidades con sustancias psicoactivas, con el fin de obtener grandes cantidades de dinero con base en el comercio ilegal de grandes cantidades de dosis mínima, y que este problema se ha convertido en una especie de “gasolina” que sirve de combustible para que se cometan otros delitos como el hurto callejero, por ejemplo.
Es por esto que es tan importante que el Estado en su conjunto comience a pensar no solo en atacar el cultivo, fabricación y la venta ilegal de sustancias psicoactivas, sino además en diseñar labores que permitan superar el consumo de estas, reconociendo que esto es un tema de salud pública y que como tal hay que tratarlo.
Muchos bogotanos celebran las acciones de la Fiscalía y la Policía que en los últimos días han permitido desarticular algunas de las redes de tráfico de drogas ilegales en colegios y universidades; sin embargo, no he visto que alguien haya preguntado por el lugar del que llegan esas sustancias psicoactivas a la capital de la República.
Es claro que la mayoría de esas drogas ilegales, que de manera clandestina se venden en colegios, universidades, bares, discotecas, moteles, esquinas y parques, no se fabrican en Bogotá, ni el cultivo que origina su procesamiento se lleva a cabo en la capital. Es por esto que vale la pena preguntar ¿de dónde llegan esas sustancias?; ¿quién las trae?;¿cómo llegan a la ciudad?
En días pasados sostuve un diálogo con altos funcionarios del gobierno del Distrito, quienes me aseguraron que en Bogotá no hay presencia de organizaciones criminales derivadas del narcotráfico, ni mucho menos armados ilegales, y que el problema de inseguridad era causado por delincuencia común que, según ellos, “usurpa el nombre de estos grupos”. Ante tal afirmación me quedaron más dudas de las que tenía antes de iniciar la charla, porque al menos para mí es claro que lo que actuaba en el Bronx no era una simple pandilla de maleantes, sino una banda criminal que controlaba un territorio, secuestraba, torturaba, desaparecía personas, lavaba dineros, vendía grandes cantidades de drogas ilegales en dosis mínima, manejaba redes de prostitución y traficaba con armas de manera organizada y piramidal. ¿No es esto una estructura criminal?
Y en lo que tiene que ver con las drogas ilegales que se comercializan en Bogotá, es bien sabido que estas no llegan a la capital de manera esporádica, ni por casualidad. Estas hacen presencia en la capital por la acción de estructuras y redes criminales, negocio que es manejado por organizaciones ilegales. Esta es la realidad que el Distrito debe reconocer, si es que en verdad desea acabar con este problema que azota a barrios y localidades enteras.
Siempre lo he dicho y lo diré: Bogotá no es ajena a los problemas de narcotráfico que vive el país. Que este no haga presencia con la misma lógica que utiliza en ciudades como Medellín y Cali no significa que no se encuentre latente en la capital. No se puede tapar el sol con un dedo.
No es negando este problema, ni acudiendo a la vieja práctica en la política de “esconder la basura debajo de la alfombra”, disfrazando las situaciones que resultan incómodas con nombres y frases rimbombantes, como se va a solucionar este flagelo en Bogotá. Lo primero que debe hacer la administración distrital es reconocer que estructuras y redes criminales se han tomado a la capital, inundado a sus barrios y localidades con sustancias psicoactivas, con el fin de obtener grandes cantidades de dinero con base en el comercio ilegal de grandes cantidades de dosis mínima, y que este problema se ha convertido en una especie de “gasolina” que sirve de combustible para que se cometan otros delitos como el hurto callejero, por ejemplo.
Es por esto que es tan importante que el Estado en su conjunto comience a pensar no solo en atacar el cultivo, fabricación y la venta ilegal de sustancias psicoactivas, sino además en diseñar labores que permitan superar el consumo de estas, reconociendo que esto es un tema de salud pública y que como tal hay que tratarlo.