Pésimo mensaje el que está dejando este aparente juego del “gato y el ratón” en el que se encuentran Gustavo Petro y el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.
Nadie se puede oponer a que la Contraloría de Bogotá ejerza su función de vigilar fiscalmente los recursos públicos de la ciudad y de hacerlos respetar por quienes los despilfarran o no les dan el uso adecuado. Sin embargo, lo que no está bien es esa aparente obsesión que ha mostrado el contralor de Bogotá por Gustavo Petro.
No me opongo a que se ejerzan las funciones de control fiscal a los recursos del Distrito, porque no se puede llegar a ningún cargo público a jugar con los dineros públicos, inspirados por temas ideológicos o filosóficos, desconociendo los conceptos técnicos de entidades expertas como el Confis por ejemplo, que en su momento recomendaron al exalcalde aumentar el costo de los pasajes del Transmilenio porque de lo contrario se abriría un hueco fiscal difícil de cubrir, que es lo que ocurre hoy día con el sistema.
El problema de este asunto es que no veo cómo una persona como Gustavo Petro, así haya ganado sueldo de congresista mientras lo fue y de alcalde mayor de Bogotá, podrá pagar la suma de $217.204.849.989. Para lograrlo tendría que tener un patrimonio similar al de Donald Trump y dudo que sus finanzas se acerquen si quiera a la mitad de los dineros del hoy presidente de los Estados Unidos.
Una cifra tan exótica como esta resulta difícil de pagar así sea en cuotas y Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá, lo sabe; por eso no dudo que detrás de este cobro existan motivaciones políticas. De no ser así, este órgano de control tendría que haber actuado de manera similar, cobrando la misma cifra a todo aquel que en Bogotá ha causado males a las finanzas públicas de la ciudad, incluyendo no solo a Samuel Moreno Rojas y quienes participaron en el carrusel, sino también a quienes tuvieron que ver con la contratación de las losas del Transmilenio en la Avenida Caracas y la autopista Norte, lo mismo que con la excesiva instalación de bolardos.
A veces me da la impresión que el contralor Granados no ha entendido que su labor no es vigilar o perseguir a Gustavo Petro, que gracias a Dios ya dejó de ser, sino ejercer control fiscal a los recursos del Distrito que administra el actual burgomaestre, es decir, a Enrique Peñalosa y su equipo de gobierno.
Por el lado de Gustavo Petro, quien en este caso juega a hacer el papel del ratón que huye del gato para no dejarse atrapar, sería bueno que aceptara que mientras ocupó el cargo de alcalde mayor de Bogotá manejó irresponsablemente los recursos públicos del Distrito y que no atendió las advertencias que sobre el tema hicieron los órganos de control.
Era de esperarse entonces que la responsabilidad de cualquier resultado negativo para el Distrito debiera ser asumida por la persona que se encontraba a la cabeza de la administración, en este caso Gustavo Petro. Lo que indica que el exalcalde ha acudido a la medida cautelar de la CIDH únicamente por cuestión de pura y física conveniencia política.
Ojalá que Gustavo Petro se despegue por un momento de su ego y vanidad -que son más grandes que la luz del sol, valga decirlo-, y piense en el mal mensaje que envía a la democracia colombiana, porque siguiendo su mal ejemplo, bajo la misma medida de la CIDH que le ha servido de escudo protector al exalcalde durante todo este tiempo, podría ampararse más de un mandatario local que, al igual que él, administra o administró mal los recursos de su municipio o ciudad, para que los órganos de control no ejerzan ningún tipo de acción disciplinaria o fiscal según sea el caso.
Este juego del “gato y el ratón” en el que se encuentran Gustavo Petro y el contralor de Bogotá debe acabarse, porque ambas partes están enviando un pésimo mensaje a la democracia en Colombia, que ya se encuentra bastante torcida.
@sevillanojarami
Pésimo mensaje el que está dejando este aparente juego del “gato y el ratón” en el que se encuentran Gustavo Petro y el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.
Nadie se puede oponer a que la Contraloría de Bogotá ejerza su función de vigilar fiscalmente los recursos públicos de la ciudad y de hacerlos respetar por quienes los despilfarran o no les dan el uso adecuado. Sin embargo, lo que no está bien es esa aparente obsesión que ha mostrado el contralor de Bogotá por Gustavo Petro.
No me opongo a que se ejerzan las funciones de control fiscal a los recursos del Distrito, porque no se puede llegar a ningún cargo público a jugar con los dineros públicos, inspirados por temas ideológicos o filosóficos, desconociendo los conceptos técnicos de entidades expertas como el Confis por ejemplo, que en su momento recomendaron al exalcalde aumentar el costo de los pasajes del Transmilenio porque de lo contrario se abriría un hueco fiscal difícil de cubrir, que es lo que ocurre hoy día con el sistema.
El problema de este asunto es que no veo cómo una persona como Gustavo Petro, así haya ganado sueldo de congresista mientras lo fue y de alcalde mayor de Bogotá, podrá pagar la suma de $217.204.849.989. Para lograrlo tendría que tener un patrimonio similar al de Donald Trump y dudo que sus finanzas se acerquen si quiera a la mitad de los dineros del hoy presidente de los Estados Unidos.
Una cifra tan exótica como esta resulta difícil de pagar así sea en cuotas y Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá, lo sabe; por eso no dudo que detrás de este cobro existan motivaciones políticas. De no ser así, este órgano de control tendría que haber actuado de manera similar, cobrando la misma cifra a todo aquel que en Bogotá ha causado males a las finanzas públicas de la ciudad, incluyendo no solo a Samuel Moreno Rojas y quienes participaron en el carrusel, sino también a quienes tuvieron que ver con la contratación de las losas del Transmilenio en la Avenida Caracas y la autopista Norte, lo mismo que con la excesiva instalación de bolardos.
A veces me da la impresión que el contralor Granados no ha entendido que su labor no es vigilar o perseguir a Gustavo Petro, que gracias a Dios ya dejó de ser, sino ejercer control fiscal a los recursos del Distrito que administra el actual burgomaestre, es decir, a Enrique Peñalosa y su equipo de gobierno.
Por el lado de Gustavo Petro, quien en este caso juega a hacer el papel del ratón que huye del gato para no dejarse atrapar, sería bueno que aceptara que mientras ocupó el cargo de alcalde mayor de Bogotá manejó irresponsablemente los recursos públicos del Distrito y que no atendió las advertencias que sobre el tema hicieron los órganos de control.
Era de esperarse entonces que la responsabilidad de cualquier resultado negativo para el Distrito debiera ser asumida por la persona que se encontraba a la cabeza de la administración, en este caso Gustavo Petro. Lo que indica que el exalcalde ha acudido a la medida cautelar de la CIDH únicamente por cuestión de pura y física conveniencia política.
Ojalá que Gustavo Petro se despegue por un momento de su ego y vanidad -que son más grandes que la luz del sol, valga decirlo-, y piense en el mal mensaje que envía a la democracia colombiana, porque siguiendo su mal ejemplo, bajo la misma medida de la CIDH que le ha servido de escudo protector al exalcalde durante todo este tiempo, podría ampararse más de un mandatario local que, al igual que él, administra o administró mal los recursos de su municipio o ciudad, para que los órganos de control no ejerzan ningún tipo de acción disciplinaria o fiscal según sea el caso.
Este juego del “gato y el ratón” en el que se encuentran Gustavo Petro y el contralor de Bogotá debe acabarse, porque ambas partes están enviando un pésimo mensaje a la democracia en Colombia, que ya se encuentra bastante torcida.
@sevillanojarami