Estuvo muy bien la salida de Jorge Armando Otalora de la Defensoría de Pueblo, luego de que se conocieran las denuncias de un posible acoso sexual y laboral sobre su asistente Astrid Helena Cristancho, más las versiones de otros funcionarios de la entidad que aseguran que les maltrataba verbalmente.
Lo que si no está bien desde ningún punto de vista, es que mientras Otalora se vaya por los señalamientos que sobre él pesan de acoso laboral y sexual, el general de la Policía Nacional Rodolfo Palomino, se quede a pesar de que sobre él, también existen señalamientos de acoso sexual y lo que es peor, de abuso de poder con chuzadas y seguimientos ilegales a las periodistas Claudia Morales y Vicky Dávila.
No es para nada correcto que mientras se pida la salida de un funcionario público, cabeza de una entidad del Estado, con el argumento de que el nombre de la institución debe estar por encima de las personas, se defienda a otro, que al igual que el primero, es también cabeza de una entidad del Estado, donde su nombre también debe estar por encima de la persona que le dirige. ¿No se supone que la ley es para todos?
No puede ser tampoco que las denuncias o sospechas que se tienen sobre alguien en particular por acoso sexual a una mujer, sean más graves que cuando se comete el mismo delito sobre un hombre.
Sea hombre o mujer la víctima, el delito es el mismo, por lo tanto el tratamiento al hecho debe ser igual. No está bien que la sociedad se escandalice cuando se trate del sexo femenino, pero cuando se trata del sexo masculino, les parezca cosa de chismes.
Lo más delicado del asunto es que al igual que la Defensoría del Pueblo que debe velar por que se respeten los derechos de los colombianos, en la Policía Nacional, que es un organismo del Estado, que debe cuidar y velar del buen comportamiento de la ciudadanía, en interior existan miembros que se pasan la norma por la faja y lo que es peor, que sobre la cabeza de la institución existan señalamientos que lo involucran con este mal proceder.
Por tanto no está bien, que la cabeza de la institución se vea envuelta en escándalos de enriquecimiento sospechoso, de supuestos abusos sexuales, de utilizar a personas de su confianza para cambiar las declaraciones de un testigo y de seguimientos a periodistas, y se proceda como si aquí no pasara nada.
El general Palomino tiene derecho a su legítima defensa, eso nadie lo niega, pero que lo haga por fuera de la institución. Es lo primero que debió pedir el presidente Juan Manuel Santos, en lugar de descalificar las denuncias que sobre él hicieron las periodistas Claudia Morales y Vicky Dávila, reconocidas en nuestro país por su amplia trayectoria en el oficio.
Se equivoca el presidente Santos protegiendo al general Palomino, porque a quien debe defender es el nombre de las instituciones, en este caso la Policía Nacional, que debe estar por encima de cualquiera de sus miembros, incluyendo a sus oficiales de alto rango.
Ese mensaje equivocado de parte de los mandatarios de turno que envían constantemente con el que dan a entender que al interior del gobierno hay intocables, debe acabarse y es al Presidente de la República a quien le corresponde ponerle punto final.
Cambiando de tema: Gustavo Petro y sus seguidores se oponen a la construcción en los terrenos de la Reserva Van Der Hammen. ¿Se les olvidó que en la Alcaldía de Gustavo Petro se autorizó al cuñado del exalcalde para construir viviendas en el Humedal de la Conejera?
