Una vez más el Congreso de la República desaprovecha la oportunidad única y feliz para abordar un debate importante para el país, como por ejemplo el de los “falsos testigos”.
Representantes y senadores, en lugar de abordar el tema desde una óptica propositiva, analizando las fallas en la aplicación de la justicia que permiten el uso de estas anomalías, otorgando incentivos como reducción de penas, han reducido la discusión a si el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez es o no es culpable de las acusaciones que en su contra se investigan en la Corte Suprema de Justicia, en donde el Centro Democrático hace las veces de abogado de defensa y la izquierda juega en el papel de fiscal.
El tema va más allá de Uribe, porque hoy por hoy pueden existir miles de casos de personas que siendo inocentes han podido ser condenadas a pasar unos buenos años en la cárcel o que se les sigue investigando por acusaciones malintencionadas.
Es por esto tan importante una reforma a la justicia que corrija las fallas en el sistema penal acusatorio, obligando a las personas que con sus testimonios participen en los juicios a que aporten pruebas de lo que dicen, bien sea a favor o en contra del acusado, porque con la simple declaración no es suficiente. Es claro que aquí hace falta una valoración uniforme de los testimonios como medio de prueba, mayor capacidad de investigación para corroborar lo dicho por los testigos o para desvirtuar sus afirmaciones, definir estándares de prueba para determinar con exactitud cuando un hecho está probado y un sistema simple y eficaz para incentivar a colaborar con la verdad y la justicia, sancionando a aquellos que no lo hagan, pero dejando claro cuáles serían los castigos en el caso de que se lleguen a demostrar falsedad y vacíos en las declaraciones, para que estos no terminen generando situaciones perversas en la justicia que desemboquen en hechos de corrupción.
Por supuesto que la justicia en su inmensa sabiduría debe valorar esos testimonios y determinar si en realidad aportan algo a la investigación y descartarlos en el caso de que resulten inútiles, pero será mucho mejor si estas declaraciones están acompañadas por unas pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.
Nada positivo ha resultado de la discusión de los supuestos falsos testigos en el caso judicial que se le sigue a Álvaro Uribe. El país ha tenido que ser espectador de un vergonzoso espectáculo en donde A insulta a B, B le riposta a A, aparece C defendiendo a B pero insultando a A y enlodando a C y D, sin que se aporte al esclarecimiento de la verdad, y se conforma un panorama aún más confuso en donde parece que lo único importante es la suerte del exmandatario, mientras que los posibles miles de colombianos que podrían estar en la misma situación no interesan.
¿Que acaso Álvaro Uribe no tiene un grupo de abogados con la suficiente experiencia y experticia judicial para defenderlo? ¿Se han preocupado los miembros de la bancada del Centro Democrático por estudiar si existen otros casos de falsos testigos en el juzgamiento de colombianos del común? ¿Se han interesado los parlamentarios de la izquierda en aportar propuestas para evitar estas anomalías?
Una vez más el Legislativo está dejando pasar una oportunidad de oro para tomar el toro por los cuernos, pensando en una reforma que corrija estas fallas en la aplicación de la justicia.
Bueno sería que el Congreso de la República se dedique a realizar los debates que el país necesita, pensando en abordar el debate de las verdaderas reformas, como la de la justicia, y deje que personas como el expresidente Uribe, que tienen los medios económicos para pagar los mejores abogados que realicen una buena defensa, se ocupen de lo suyo; al fin de cuentas, el problema no es él, el problema está en las fallas que tiene el sistema penal acusatorio que permite la existencia de falsos testigos y que hoy por hoy puede tener a miles de personas del común tras las rejas, y que no tienen la calidad de exmandatarios.
Dejemos que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo y determine si Uribe es inocente o no y exijamos al Congreso de la República que aborde el debate de raíz, generando propuestas, que es lo que este país requiere.