Preocupa bastante que la práctica de interceptar a una persona de manera ilegal no desaparezca del escenario nacional y más bien parezca haberse convertido en un escenario donde no solo se utiliza a la institución para ejercerla, como sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, donde se hizo uso de este indebido procedimiento sobre periodistas, magistrados, opositores y defensores de derechos humanos, sino que además en la actualidad quienes desde el Estado han ejercido estas labores dentro de un marco legal ahora se estén lucrando desde la empresa privada, haciendo uso de su experiencia en actividades de inteligencia judicial para supuestamente perseguir a esposas infieles, trabajadores sindicalizados, enemigos ocasionales junto con sus hijos y al parecer, también, al fiscal general y a su pareja.
En un país donde se respeten la ética, la decencia y el buen procedimiento escándalos como este habrían descabezado a los primeros responsables, y estoy seguro de que se darían garantías de no repetición. Sin embargo, en Colombia estos hechos no decrecen, sino que, por el contrario, crecen, lo que hace que la prevención y la desconfianza de su población hacia sus gobernantes aumenten.
Puede que al día de hoy no se pueda decir con certeza si las últimas revelaciones que dan cuenta de supuestas interceptaciones ilegales son ciertas o no, pero lo que no se puede negar es que por este asunto existe demasiada prevención en los colombianos, porque no pueden estar seguros de que en nuestro país se respeta la privacidad y la intimidad de las personas.
Además de lo anterior, los recientes escándalos de interceptaciones ilegales evidencian una vez más que a los colombianos poco nos importa si lo que hacemos es correcto o incorrecto, porque lo único que cuenta para nosotros es lograr nuestro propósito, no importan los métodos.
No de otra forma se puede explicar que personas del común acudan a esta práctica para estar seguros de si sus parejas les son infieles o no, y que un personaje como el alcalde del municipio de Mesitas al parecer haya contratado estos servicios, según revelación de Blu Radio, para establecer el autor de un perfil falso en Facebook, y lo que es más sorprendente, que un senador como Armando Benedetti supuestamente haya buscado a una de estas empresas para chuzar los teléfonos del fiscal general de la Nación.
Esperaría que nada de esto sea cierto, que las personas que se han señalado puedan demostrar su inocencia y que se pueda desvirtuar el fantasma de las chuzadas ilegales, para que Colombia comience a superar estos oscuros episodios, que en un pasado no muy lejano llenaron de pánico a más de uno.
Cambiando de tema. Estoy de acuerdo con quienes opinan que al presidente Iván Duque es necesario defenderlo, no de la oposición a su Gobierno, sino de su equipo de Gobierno.
