8 Jun 2017 - 2:10 a. m.

Hablemos del asbesto, señor fiscal

Desde el momento en que se escuchó decir que Néstor Humberto Martínez tenía intención de ser fiscal general de la Nación, se supo también cuáles serían los conflictos de intereses que presentaría al ser elegido, por las conocidas contrataciones de su bufete de abogados para defender a grandes empresas en Colombia, una de ellas Incolbest S. A.

Esta firma utiliza el asbesto como materia prima en diversos procesos industriales de fricción, el cual sirve para producir tejas, frenos de autos, tanques de agua, embragues, aires acondicionados, pinturas, empaques, revestimiento, entre muchos otros. Sobre el uso de este elemento la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido el riesgo que comporta el asbesto para la salud, en sus diferentes presentaciones o modalidades, sugiriendo su abandono absoluto y sustitución. De hecho, su uso es prohibido en 56 países como Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza y Uruguay y restringido en Australia y Brasil.

Se tiene conocimiento de que al año mueren alrededor de 110.000 personas por enfermedades exclusivas a la exposición del asbesto (como es el mesotelioma y la asbestosis). Solo en Estados Unidos se calcula que 50.000 personas por año presentan una denuncia a causa de enfermedades provocadas por asbesto, y según cifras las empresas aseguradoras estadounidenses incurrieron en gastos de 21.600 millones de dólares en estas enfermedades provocadas por esta fibra hasta el año 2000, sumado al hecho de que las empresas demandadas debieron desembolsar 32.000 millones de dólares por concepto de reparación.

En Colombia, como era de esperarse, las reclamaciones no se fallan a favor de la víctima, sino del contrario, en gran parte, gracias a la acción de abogados que, como el actual fiscal, ponen su tarjeta profesional en favor de intereses de los gremios económicos y políticos de élite, para que expongan toda clase de argumentos y demoras bajo la excusa del debido proceso, sin importarles que por delante se pueden llevar la vida de las personas. Prueba de ello es que la acción popular que cursa en el Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá que busca prohibir este mineral en el país y cerrar de una buena vez la mina de explotación de este en Antioquia, que lleva más de 12 años a esperas de que se surta la primera instancia del asunto judicial, pese a que, según la ley, debía ser un trámite de escasos días.

Muy a pesar de que Colombia suscribió el tratado internacional de Rotterdam y se comprometió a la prohibición del uso del asbesto en el territorio, por tratarse de una sustancia que representa un peligro inminente para el medioambiente, la integridad y la vida de las personas, varias empresas continúan con el uso del asbesto como materia prima, entre ellas Eternit Colombiana S. A. e Incolbest S. A., a partir de estudios científicos de dudosa procedencia y falacias que no soportan un grado serio de discusión. 

El caso de Ana Cecilia Niño, registrado en distintos medios de comunicación, deja mucho por reflexionar. Esta colombiana estuvo expuesta al asbesto en los lugares de almacenamiento de desechos al aire libre de la planta de Eternit Colombia S. A. ubicada a las afueras de Bogotá (firma que utiliza el asbesto en sus materiales y que es defendida por el también abogado Ramiro Bejarano Guzmán), mientras vivía su niñez sin percatarse, ni ella, ni sus allegados, del riesgo en la salud que corrían por el enemigo silencioso que a su alrededor se encontraba. Tiempo después le fue detectado un cáncer directamente relacionado con la exposición de ese mineral como la única causa médica posible, que acabó con su vida a principios de este año. 

Episodios como el de esta humilde ciudadana parecen no importarle ni a la justicia, ni al Estado en general, que en lugar de defender los intereses de los colombianos del común, siguiendo el ejemplo de varios países de avanzada en el mundo que prohibieron el uso de materiales que contengan este mineral como método de prevención para cualquier riesgo en la salud de sus nacionales, aquí se inclinan por hacerle venías a los intereses de particulares que pagan gruesas sumas de dinero para que firmas de abogados como la del señor Fiscal General que hoy se encuentra bajo la dirección de su hijo, es decir, en la mismas manos con distintos dedos, aumenten su patrimonio familiar y personal.

Que no venga el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez a posar de mosquetero, creando cortinas de humo a través de las cuales le dispara al proceso de paz, mostrando preocupación por lo que hagan o dejen de hacer las Farc y nos cuente si en la fiscalía  existe algún caso de investigación por el uso del asbesto y de ser así,  cuál va a ser su actuación en esos casos.

No contentos con todo lo anterior, en Colombia tenemos un Congreso de la República que hunde en siete ocasiones los proyectos de ley que han buscado la prohibición de materiales como el asbesto ante el intenso lobby de la empresas y de algunos congresistas cercanos a esta industria, pero que no pierden oportunidad para ponerle  zancadilla a la pérdida de investidura aprovechando la coyuntura de una reforma política. Ni que decir del señor ministro de Salud, quien en declaraciones a la prensa aseguró que “los riesgos asociados a la salud por el asbesto no son certeros”, mientras el de medio Ambiente, no sabe, no responde.

Actualmente está pendiente una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH en contra del Estado Colombiano promovida por las víctimas de este mineral y que puede traer importantes condenas, mientras el Fiscal, se dedica a mirar para otro lado, disparándole al proceso de paz, no sé si con el ánimo de distraer la atención.

 @sevillanojarami

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