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Una vez más queda demostrado que el Estado colombiano no está preparado para implementar unos acuerdos de paz, ni con las Farc, ni con ninguna otra guerrilla que, independiente de quién sea, deje las armas por la vía de unos diálogos.
Nuestro país tiene las herramientas para hacerles frente a las desmovilizaciones colectivas o de sometimiento a la justicia, pero lamentablemente no lo está para la firma de un proceso de paz por la vía del diálogo, y lo peor del asunto es que pareciera que se resiste a no permitir que quienes dejen las armas retornen a ellas.
La polémica desatada por la decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para detener la extradición de Jesús Santrich es una de las consecuencias de no haberles dado trámite a proyectos importantes de paz dentro del marco del fast track. Esto hizo que se retrasara la discusión y la posterior radicación de temas relacionados con la implementación de la paz, uno de esos, el de la reglamentación de la JEP, al que no se le ha dado aprobación porque, como era de esperarse, no falta el saboteo de los congresistas del Centro Democrático, algunos conservadores, Cambio Radical, cristianos y del mismo presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Es decir, los mismos que se encargaron de poner en jaque los Acuerdos de Paz, con las mismas mañas.
Mientras no exista una reglamentación para la JEP, sus actuaciones han de ser discutibles, porque no están fijados los límites y sus alcances. Por eso es tan necesario que se legisle con prontitud en este sentido. Hoy el balón está en la cancha del Congreso de la República, quien parece no percatarse de la necesidad que existe de darle discusión y aprobación a este proyecto, y lo más triste es que tampoco parece importarle.
Si la reglamentación de la JEP ya estuviese dada, no me cabe la menor duda de que el choque de trenes que existe hoy con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría no se hubiese presentado, porque sabríamos cuáles pueden ser las actuaciones de este tribunal, pero como no es así, gracias a las ganas que tenía el Centro Democrático de meterles mano a los Acuerdos de Paz y de la Corte Constitucional que en su afán de dejar contentos a todos lo permitió, hoy no existen reglas claras para que esta pueda actuar.
Da la impresión de que hay una mayoría de congresistas de Cambio Radical, del Partido Conservador, de los cristianos, de algunos liberales y de la U que parecen tener la intención de dejarle esta decisión al próximo Gobierno, no sé si con la idea de volverlo preso de sus ganas de una futura mermelada que les endulce el paladar a base de puestos y contratos. Tan raro en el Congreso de la República.
Si hoy se presenta esta discusión no es culpa ni de los magistrados de la JEP, ni de la Fiscalía o Procuraduría. Es culpa del Congreso de la República que no es capaz de asumir un papel responsable y serio frente a unos Acuerdos de Paz que deben ser implementados, y de la Corte Constitucional que permitió que el Legislativo les metiera la mano a los proyectos de paz que presentó el Gobierno Nacional por la vía del fast track mientras estuvo vigente.
¿Hoy estarán muy contentos los magistrados de la Corte Constitucional que fallaron a favor de la demanda de Iván Duque que abrió paso a este desastre que hay en el momento? ¿Estarán saltando de la dicha Rodrigo Lara, Cambio Radical y el Centro Democrático, que a partir del fallo de la Corte Constitucional se dedicaron a sabotear la implementación legislativa del proceso de paz?
A todos los que provocaron esta hecatombe que existe hoy en materia de implementación de la paz los he de ver en los próximos cuatro años, siendo víctimas de su propio invento.
