No me sorprendió la decisión de la alcaldesa Claudia López de cerrar la localidad de Kennedy por el alto número de contagios de COVID-19 registrados (2.584 al momento de escribir esta columna). La verdad me lo esperaba, porque el grado de desobediencia de muchos de los habitantes de esta zona es tan alto, que esta era la única consecuencia que podía traer.
Lo que no me explico es la reacción tardía de parte de la Alcaldía de Bogotá porque, me van a perdonar, la desobediencia con la cuarentena en la localidad de Kennedy fue una cosa muy notaria, especialmente en los barrios Patio Bonito, El Amparo, María Paz, Tintal y Bellavista, que son sectores en los que la mayoría de sus habitantes viven del rebusque diario a través de las ventas informales, bicitaxis y en diferentes actividades al interior de Corabastos, y no pueden esperarse a que les caiga el maná del cielo para darles de comer a sus hijos.
A esto hay que añadirle la zona de tolerancia en el sector ubicado en la carrera 85 con calle 38 sur, donde a diario se ven trabajadoras sexuales en la calle que deben buscar el pan diario, incluso teniendo que someterse a redes de explotación sexual presentes en este territorio.
A lo anterior se suma el tráfico de drogas ilegales en pequeñas cantidades, que no dejó de funcionar en esta zona durante la cuarentena e hizo que miles de jóvenes salieran a las calles a consumir.
Como era de esperarse, todo esto ocurrió a la vista de la policía de Bogotá, más exactamente de quienes están en la estación de Kennedy. La pregunta del millón es: ¿cuál fue la razón para que no actuaran?
La Alcaldía de Bogotá debió elaborar planes de atención especiales para esta población más allá de la entrega de mercados y, por supuesto, aplicar además la estrategia del garrote y la zanahoria, porque algo hay que tener claro: estos territorios son una especie de “tierra de nadie”, donde pareciera que no hay ni Dios ni ley y donde la ilegalidad muchas veces funciona a la vista de las autoridades.
Debo decir también que estos no fueron los únicos barrios en donde se presentaron aglomeraciones. El sector comercial de Kennedy Central no escapó a esta realidad; el barrio Carimagua, más exactamente en la calle 39 sur entre carreras 72K y 72M, es un sector comercial donde pocas veces disminuyó la alta afluencia de personas; por supuesto, los alrededores de Corabastos tampoco escaparon a este hecho.
Es lógico entonces que, con todo este descontrol en algunos sectores de la localidad de Kennedy, la velocidad de propagación del COVID-19 no se redujera sino que, por el contrario, aumentara, y para colmo los decretos del presidente Iván Duque ayudaron a empeorar la situación, porque entre más sectores liberaba, más gente salía a las calles, así su actividad no estuviese autorizada.
La decisión de cerrar la localidad de Kennedy para que así se reduzca la velocidad de propagación del virus debe venir acompañada de una fuerte intervención social en algunos de sus barrios y, por supuesto, de fuertes medidas de control, eso sí, evitando los abusos policiales. Solo así se podrá controlar este problema, que debió preverse desde el inicio de la cuarentena, especialmente en determinadas zonas de este territorio en la capital del país que, como bien lo dije y bien lo saben las autoridades del Distrito, es una especie de “tierra de nadie”.
Cambiando de tema, me da la impresión de que la ministra del Interior pretende ahora posar de jefe suprema de los alcaldes y gobernadores, emitiendo circulares como la que expidió para la ciudad de Cartagena, en donde no pide ni sugiere, sino que ordena.
No me sorprendió la decisión de la alcaldesa Claudia López de cerrar la localidad de Kennedy por el alto número de contagios de COVID-19 registrados (2.584 al momento de escribir esta columna). La verdad me lo esperaba, porque el grado de desobediencia de muchos de los habitantes de esta zona es tan alto, que esta era la única consecuencia que podía traer.
Lo que no me explico es la reacción tardía de parte de la Alcaldía de Bogotá porque, me van a perdonar, la desobediencia con la cuarentena en la localidad de Kennedy fue una cosa muy notaria, especialmente en los barrios Patio Bonito, El Amparo, María Paz, Tintal y Bellavista, que son sectores en los que la mayoría de sus habitantes viven del rebusque diario a través de las ventas informales, bicitaxis y en diferentes actividades al interior de Corabastos, y no pueden esperarse a que les caiga el maná del cielo para darles de comer a sus hijos.
A esto hay que añadirle la zona de tolerancia en el sector ubicado en la carrera 85 con calle 38 sur, donde a diario se ven trabajadoras sexuales en la calle que deben buscar el pan diario, incluso teniendo que someterse a redes de explotación sexual presentes en este territorio.
A lo anterior se suma el tráfico de drogas ilegales en pequeñas cantidades, que no dejó de funcionar en esta zona durante la cuarentena e hizo que miles de jóvenes salieran a las calles a consumir.
Como era de esperarse, todo esto ocurrió a la vista de la policía de Bogotá, más exactamente de quienes están en la estación de Kennedy. La pregunta del millón es: ¿cuál fue la razón para que no actuaran?
La Alcaldía de Bogotá debió elaborar planes de atención especiales para esta población más allá de la entrega de mercados y, por supuesto, aplicar además la estrategia del garrote y la zanahoria, porque algo hay que tener claro: estos territorios son una especie de “tierra de nadie”, donde pareciera que no hay ni Dios ni ley y donde la ilegalidad muchas veces funciona a la vista de las autoridades.
Debo decir también que estos no fueron los únicos barrios en donde se presentaron aglomeraciones. El sector comercial de Kennedy Central no escapó a esta realidad; el barrio Carimagua, más exactamente en la calle 39 sur entre carreras 72K y 72M, es un sector comercial donde pocas veces disminuyó la alta afluencia de personas; por supuesto, los alrededores de Corabastos tampoco escaparon a este hecho.
Es lógico entonces que, con todo este descontrol en algunos sectores de la localidad de Kennedy, la velocidad de propagación del COVID-19 no se redujera sino que, por el contrario, aumentara, y para colmo los decretos del presidente Iván Duque ayudaron a empeorar la situación, porque entre más sectores liberaba, más gente salía a las calles, así su actividad no estuviese autorizada.
La decisión de cerrar la localidad de Kennedy para que así se reduzca la velocidad de propagación del virus debe venir acompañada de una fuerte intervención social en algunos de sus barrios y, por supuesto, de fuertes medidas de control, eso sí, evitando los abusos policiales. Solo así se podrá controlar este problema, que debió preverse desde el inicio de la cuarentena, especialmente en determinadas zonas de este territorio en la capital del país que, como bien lo dije y bien lo saben las autoridades del Distrito, es una especie de “tierra de nadie”.
Cambiando de tema, me da la impresión de que la ministra del Interior pretende ahora posar de jefe suprema de los alcaldes y gobernadores, emitiendo circulares como la que expidió para la ciudad de Cartagena, en donde no pide ni sugiere, sino que ordena.