Me parece que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no se ha dado cuenta de que la razón de la cartera que dirige es defender la honra y la dignidad de los colombianos. En este sentido, no puede ni debe prestarse a cualquier tipo de declaración que confunda al ciudadano y deje la impresión de que para él lo primero es cuidar de la imagen de los militares y de la Policía Nacional, por encima de la transparencia que debe tener el actuar de los uniformados.
Cuando un agente de la Policía porta un uniforme representa al Estado y, como tal, debe ser garante de la dignidad y el respeto por la integridad de las personas. No es posible que luego de casos como el de Javier Ordóñez sigamos encontrando hechos que dejan la sensación de que los uniformados no tienen un mínimo de sensibilidad.
Cuando el concejal Diego Cancino hizo la denuncia dando a conocer sus dudas sobre lo sucedido al interior de la estación de Policía de San Mateo, en Soacha, en ningún momento tuvo la intención de querer manchar la imagen de la institución. Ante todo, el cabildante es un ciudadano y tiene derecho a elevar preguntas y reclamar prontitud en las investigaciones sobre determinado suceso donde esté involucrado algún uniformado.
Ni más faltaba que ahora se pretenda hacer ver a la Policía Nacional como algo intocable y que quien porte el uniforme pueda hacer lo que le venga en gana con el colombiano del común.
Cuando hay personas detenidas al interior de una estación de Policía, centro carcelario, etc., quien responde por ellos es el Estado representado en los uniformados. Si ocurre un suceso trágico que no es claro, la institución está en la obligación de responder a las preguntas que se le hagan y el ministro de Defensa debe hablarle a la ciudadanía, dando las garantías de que todo hecho que deje dudas será investigado y que no habrá lugar a impunidad, en caso de encontrar alguna responsabilidad.
No es señalando de “politiquero” a quien hace la denuncia como se calman los ánimos, ministro. Por el contrario, con frases como esas lo que hace es enardecer y sembrar rabia en los corazones de las familias y amigos de las nueve personas que murieron en el incendio.
Puede que la Policía Nacional realice miles de acciones maravillosas al día, pero basta que a la semana se produzca una negativa para que los ciudadanos del común reclamen y exijan la apertura de una investigación que permita aplicar justicia, en el caso de que haya alguna responsabilidad. Este derecho no se les puede cercenar a los colombianos del común, por el afán de querer limpiar la imagen de una institución constantemente señalada de tener agentes que abusan del poder que les brinda un uniforme y que, en lugar de corregir estas fallas, acuden a la “solidaridad de cuerpo” para tratar de tapar los hechos.
Encuentro que hay lugar a las preguntas del concejal Diego Cancino, porque si se ve que hay fuego al interior de una celda que amenaza con propagarse y provocar un incendio, lo primero que se debe hacer es retirar de inmediato a quienes están adentro, por supuesto, cuidando que no se produzca una fuga masiva. Aquí no pueden existir señalamientos por los delitos que llevaron a estas personas a su captura, porque lo que prima es su vida.
Esperemos que las investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía produzcan resultados, ojalá en el corto plazo. Mientras tanto, señor ministro, cuide que sus declaraciones a los medios de comunicación no enciendan los ánimos ni hagan crecer la rabia en el corazón de los colombianos. Ante todo, su labor es velar porque la fuerza pública cumpla su labor de hacer respetar la dignidad y la honra de los ciudadanos, cuidando sus vidas.
@sevillanojarami
