Algunos creen que las multas impuestas al senador Gustavo Petro por la Contraloría Distrital, por el supuesto daño patrimonial que causaron en su alcaldía la reducción de los pasajes de Transmilenio durante las horas valle ($217.000 millones), el esquema de recolección de basuras ($90.000 millones) y los camiones de basura que no se usaron ($40.000 millones), tienen la clara intención de sacarlo del juego político por tratarse de un monto que le es imposible pagar a una persona que, como él, vive de sus ingresos.
Otros piensan que la ley es la ley y debe aplicarse. Los dos bandos pueden tener razón. Los primeros, porque como es de público conocimiento en Bogotá se han botado miles de millones de pesos a la caneca de la basura cambiando los planes y proyectos que dejan las administraciones salientes y que no gustan a quien recibe la Alcaldía Mayor, sin que se diga o se haga algo al respecto. Así las cosas, el alcalde Enrique Peñalosa tendría que ser sujeto a una sanción por detrimento patrimonial al cambiar el modelo de metro y también por los daños a las losas de la avenida Caracas que fueron hechas con relleno fluido, tema que también fue advertido en su momento. Luego, entonces, cabe la pregunta de ¿por qué con Petro sí y con Peñalosa no?
Si la idea de la medida es cambiar esa tendencia en Colombia de hacerse los de la vista gorda con algunos mientras se les aplica a otros, bienvenido este tipo de sanciones.
A Gustavo Petro se le hicieron las advertencias necesarias, no solo los concejales de Bogotá, también se hizo desde los órganos de control nacionales y distritales, lo mismo que las veedurías ciudadanas. Como es conocido, el exalcalde no escuchó e hizo su santa voluntad.
Hoy Gustavo Petro está pagando las consecuencias de su necedad y soberbia, lo que hizo que no entendiera que con tanto enemigo podría dar papaya, como evidentemente sucedió.
En su defensa el exalcalde acude a la firmado por Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quedó establecido que a ningún funcionario o servidor público se le puede destituir de su cargo, si no media una condena judicial en su contra.
El tema es que aquí no se le está destituyendo. Se implementó una inhabilidad para tomar posesión de un cargo público hasta que no cancele una multa, exagerada, como evidentemente lo es, y con fines políticos, como podría tenerla. Pero que guste o no, se debe pagar, para que a futuro Petro no tenga inconvenientes para acceder a un nuevo cargo de elección popular.
Estoy totalmente convencido, además, de que el caso de Petro no es el único. Vaya uno a saber cuántos alcaldes municipales, concejales y diputados están en la misma situación pasando de agache, lo mismo que funcionarios públicos que pueden estar ocupando algún cargo.
Lamento su situación, doctor Petro, pero la ley es la ley y debe cumplirse.
Algunos creen que las multas impuestas al senador Gustavo Petro por la Contraloría Distrital, por el supuesto daño patrimonial que causaron en su alcaldía la reducción de los pasajes de Transmilenio durante las horas valle ($217.000 millones), el esquema de recolección de basuras ($90.000 millones) y los camiones de basura que no se usaron ($40.000 millones), tienen la clara intención de sacarlo del juego político por tratarse de un monto que le es imposible pagar a una persona que, como él, vive de sus ingresos.
Otros piensan que la ley es la ley y debe aplicarse. Los dos bandos pueden tener razón. Los primeros, porque como es de público conocimiento en Bogotá se han botado miles de millones de pesos a la caneca de la basura cambiando los planes y proyectos que dejan las administraciones salientes y que no gustan a quien recibe la Alcaldía Mayor, sin que se diga o se haga algo al respecto. Así las cosas, el alcalde Enrique Peñalosa tendría que ser sujeto a una sanción por detrimento patrimonial al cambiar el modelo de metro y también por los daños a las losas de la avenida Caracas que fueron hechas con relleno fluido, tema que también fue advertido en su momento. Luego, entonces, cabe la pregunta de ¿por qué con Petro sí y con Peñalosa no?
Si la idea de la medida es cambiar esa tendencia en Colombia de hacerse los de la vista gorda con algunos mientras se les aplica a otros, bienvenido este tipo de sanciones.
A Gustavo Petro se le hicieron las advertencias necesarias, no solo los concejales de Bogotá, también se hizo desde los órganos de control nacionales y distritales, lo mismo que las veedurías ciudadanas. Como es conocido, el exalcalde no escuchó e hizo su santa voluntad.
Hoy Gustavo Petro está pagando las consecuencias de su necedad y soberbia, lo que hizo que no entendiera que con tanto enemigo podría dar papaya, como evidentemente sucedió.
En su defensa el exalcalde acude a la firmado por Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quedó establecido que a ningún funcionario o servidor público se le puede destituir de su cargo, si no media una condena judicial en su contra.
El tema es que aquí no se le está destituyendo. Se implementó una inhabilidad para tomar posesión de un cargo público hasta que no cancele una multa, exagerada, como evidentemente lo es, y con fines políticos, como podría tenerla. Pero que guste o no, se debe pagar, para que a futuro Petro no tenga inconvenientes para acceder a un nuevo cargo de elección popular.
Estoy totalmente convencido, además, de que el caso de Petro no es el único. Vaya uno a saber cuántos alcaldes municipales, concejales y diputados están en la misma situación pasando de agache, lo mismo que funcionarios públicos que pueden estar ocupando algún cargo.
Lamento su situación, doctor Petro, pero la ley es la ley y debe cumplirse.