Sorprendida quedó la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, con la captura de Juan Pablo Úsuga, alias Reseco, calificado por la Fiscalía como un hombre clave en el Clan de Golfo, operación que dejó al descubierto que este vivía en un apartamento ubicado en la misma residencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Al conocerse el hecho, la vicepresidenta trinó: “Esto sí ya francamente es la tapa de la olla. Es urgente revisar qué estrategia tenemos y cómo lograr verdadera eficacia en materia de inteligencia y contrainteligencia de Estado”. Pues bien, en lo personal, quedé bastante sorprendido con el mensaje de la doctora Marta Lucía escrito en su cuenta de Twitter, porque como exministra de Defensa que es debe saber que la ilegalidad siempre busca a la legalidad para camuflarse y pasar desapercibida ante los ojos de las autoridades o para comprar su silencio.
Es claro que en el caso de Úsuga el establecer su residencia en el mismo edificio donde vive el alcalde de Medellín se hace con el único fin de pasar desapercibido y moverse tranquilamente en la capital de la montaña, de la misma forma como en su tiempo lo hicieron alias Don Berna, Carlos Castaño y Pablo Escobar, y como lo hacen también los grandes capos de la droga en Colombia, quienes circulan por calles y avenidas de la ciudades principales del país utilizando diferentes identidades o camuflándose en distintas situaciones. Aquí no hay que posar de ingenuos sorprendiéndose ante estos hechos, porque esta es la manera como actúa el crimen organizado, hecho que debe ser de total conocimiento de personas que han ocupado la cartera de Defensa como lo es el caso de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.
Estoy de acuerdo con la vicepresidenta cuando pide mayor eficiencia en la inteligencia y contrainteligencia del Estado, la misma que debió haber exigido en el tiempo en el que fue ministra de Defensa para evitar que la calle del Bronx en Bogotá, por ejemplo, llegara a ser el lugar más peligroso de Suramérica, que por cierto se ubicaba justamente detrás de un batallón del Ejército Nacional y en cercanías al batallón de la Guardia Presidencial; los ministerios de Hacienda, Interior y Agricultura; la Presidencia de la República; la iglesia del Voto Nacional; la Alcaldía Mayor de Bogotá; la Policía de Bogotá; las alcaldías locales de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, y la Catedral Primada.
Aquí vemos que el crimen organizado que existió en la calle del Bronx en Bogotá durante las presidencias de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y gran parte de la Juan Manuel Santos, junto con las alcaldías de Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, buscó a la legalidad para convivir junto a ella tranquilamente, sin que los ministros de Defensa de aquellas épocas, como Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, dijeran algo o exigieran respuestas de las direcciones de inteligencia.
Así mismo sucede con las diferentes modalidades del crimen organizado en Colombia, no entiendo el porqué de la sorpresa de la vicepresidenta. En efecto se debe pedir respuesta a las direcciones de inteligencia militar, de policía y de la Fiscalía por no haber detectado el hecho desde mucho antes, y quienes deben poner la cara son el ministro de Defensa, el director de la Policía y el fiscal general de la Nación, pero lo que no se debe hacer es mostrar sorpresa cuando esto queda al descubierto, porque solo se deja la impresión de que el país se maneja con una alta dosis de ingenuidad, que no les luce a quienes son las cabezas del Ejecutivo.
Sucesos como estos deben servir de reflexión a quienes llegaron al Gobierno Nacional con la idea de promover una guerra con Venezuela, porque si la inteligencia militar y de policía es deficiente para temas internos, según el trino de la vicepresidenta, ¿cómo entonces se pretende buscar una confrontación armada con el país vecino? Para eso Colombia tendría que utilizar el mismo servicio de inteligencia y contrainteligencia que, según Marta Lucía, “así como está, no es eficaz” y que mejorarlo nos tomaría años enteros.
Sorprendida quedó la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, con la captura de Juan Pablo Úsuga, alias Reseco, calificado por la Fiscalía como un hombre clave en el Clan de Golfo, operación que dejó al descubierto que este vivía en un apartamento ubicado en la misma residencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Al conocerse el hecho, la vicepresidenta trinó: “Esto sí ya francamente es la tapa de la olla. Es urgente revisar qué estrategia tenemos y cómo lograr verdadera eficacia en materia de inteligencia y contrainteligencia de Estado”. Pues bien, en lo personal, quedé bastante sorprendido con el mensaje de la doctora Marta Lucía escrito en su cuenta de Twitter, porque como exministra de Defensa que es debe saber que la ilegalidad siempre busca a la legalidad para camuflarse y pasar desapercibida ante los ojos de las autoridades o para comprar su silencio.
Es claro que en el caso de Úsuga el establecer su residencia en el mismo edificio donde vive el alcalde de Medellín se hace con el único fin de pasar desapercibido y moverse tranquilamente en la capital de la montaña, de la misma forma como en su tiempo lo hicieron alias Don Berna, Carlos Castaño y Pablo Escobar, y como lo hacen también los grandes capos de la droga en Colombia, quienes circulan por calles y avenidas de la ciudades principales del país utilizando diferentes identidades o camuflándose en distintas situaciones. Aquí no hay que posar de ingenuos sorprendiéndose ante estos hechos, porque esta es la manera como actúa el crimen organizado, hecho que debe ser de total conocimiento de personas que han ocupado la cartera de Defensa como lo es el caso de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.
Estoy de acuerdo con la vicepresidenta cuando pide mayor eficiencia en la inteligencia y contrainteligencia del Estado, la misma que debió haber exigido en el tiempo en el que fue ministra de Defensa para evitar que la calle del Bronx en Bogotá, por ejemplo, llegara a ser el lugar más peligroso de Suramérica, que por cierto se ubicaba justamente detrás de un batallón del Ejército Nacional y en cercanías al batallón de la Guardia Presidencial; los ministerios de Hacienda, Interior y Agricultura; la Presidencia de la República; la iglesia del Voto Nacional; la Alcaldía Mayor de Bogotá; la Policía de Bogotá; las alcaldías locales de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, y la Catedral Primada.
Aquí vemos que el crimen organizado que existió en la calle del Bronx en Bogotá durante las presidencias de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y gran parte de la Juan Manuel Santos, junto con las alcaldías de Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, buscó a la legalidad para convivir junto a ella tranquilamente, sin que los ministros de Defensa de aquellas épocas, como Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, dijeran algo o exigieran respuestas de las direcciones de inteligencia.
Así mismo sucede con las diferentes modalidades del crimen organizado en Colombia, no entiendo el porqué de la sorpresa de la vicepresidenta. En efecto se debe pedir respuesta a las direcciones de inteligencia militar, de policía y de la Fiscalía por no haber detectado el hecho desde mucho antes, y quienes deben poner la cara son el ministro de Defensa, el director de la Policía y el fiscal general de la Nación, pero lo que no se debe hacer es mostrar sorpresa cuando esto queda al descubierto, porque solo se deja la impresión de que el país se maneja con una alta dosis de ingenuidad, que no les luce a quienes son las cabezas del Ejecutivo.
Sucesos como estos deben servir de reflexión a quienes llegaron al Gobierno Nacional con la idea de promover una guerra con Venezuela, porque si la inteligencia militar y de policía es deficiente para temas internos, según el trino de la vicepresidenta, ¿cómo entonces se pretende buscar una confrontación armada con el país vecino? Para eso Colombia tendría que utilizar el mismo servicio de inteligencia y contrainteligencia que, según Marta Lucía, “así como está, no es eficaz” y que mejorarlo nos tomaría años enteros.