A quienes hoy son concejales de Bogotá, mientras fueron candidatos, incluyendo a los que aspiraron a la reelección para el cargo, se les vio la mayor parte del tiempo caminando por las calles de la ciudad, montar en bicicleta, subirse al TransMilenio y a los buses del SITP, ingresar a cafeterías y panaderías de barrios de estratos 1, 2 y 3, llegando incluso a tomar tinto o aromática, sin la mayor preocupación porque algún riesgo de seguridad les impidiera realizar este tipo de actividades.
Hoy que ya tienen el cargo asegurado no solo no se les ha vuelto a ver por los lugares mencionados anteriormente, sino que se niegan a bajarse de su vehículo blindado y abandonar el esquema de seguridad, que por motivos que aún no se logra entender, administraciones pasadas firmaron con la entidad del orden nacional encargada de este asunto.
Este caprichito de los cabildantes nos cuesta a los bogotanos la bobadita de $7.000 millones, pero por supuesto, como es de esperarse, cuando se les pregunta por este asunto, no saben/no responden, incluyendo aquellos a los que en campaña se les llenaba la boca repitiendo a grito entero: "recursos públicos, recursos sagrados", pero que hoy, que ya están en el cargo, les queda grande aplicar esta frase dentro de su propio actuar.
Me gustaría que alguien nos cuente a los bogotanos cuáles son los riesgos en seguridad que tienen concejales como Luz Marina Gordillo, Yefer Vega o María Victoria Vargas, por ejemplo, como para justificar que tengan un carro blindado.
En un país como el nuestro, donde los líderes sociales son amenazados o expulsados de sus territorios, no se pueden desperdiciar los esquemas de seguridad en gente que no los necesita y que los tiene únicamente por simple vanidad. No renuncian a ellos porque se les baja la autoestima y no se sienten personas importantes, además de que ya no tendrían quién les lleve el colegio a los niños, les haga el mercado, les paguen los servicios públicos, les hagan la fila en el banco y, sobre todo, les recoja a la esposa o el esposo.
Estoy seguro de que si salgo a la calle y hago una encuesta preguntando a los bogotanos si saben los nombres de los concejales de la capital, la mayoría de ciudadanos me responderán que no se acuerdan, y quienes si les recuerdan, escasamente nombrarán al que le dieron el voto, lo que indicaría que ocupar este cargo no les hace un personaje de gran importancia a nivel nacional como para justificar que se les brinde camioneta blindada, conductor, escolta y dos policías.
Esos recursos que el Distrito se gasta cuidando a quien no tiene riesgos de seguridad bien se podrían utilizar en adecuar y dotar mejor a más colegios públicos en Bogotá, reestructurar las plantas físicas de los hospitales como el de Kennedy, que lleva más de ocho años convertido en símbolo de la corrupción en la capital, etc.
Bogotá es una ciudad con muchas necesidades de tipo social que requieren atención inmediata. No se pueden desperdiciar los recursos complaciendo las vanidades de los concejales. Le hago el llamado a la alcaldesa Claudia López y a su equipo jurídico para que revisen este asunto y busquen la manera de ponerle punto final.
Muy bien por los pocos concejales que han demostrado firmeza en su intención de no prestarse a que se mal gasten los recursos públicos de Bogotá, pero qué mal por quienes han preferido darle rienda suelta su vanidad y prefieren que se les mire como un ejemplo a no seguir. Son pocos los cabildantes que requieren esquemas de seguridad, de diez no pasan.
No entiendo entonces la razón para mantener un tema que para la ciudad es bastante costoso.
A quienes hoy son concejales de Bogotá, mientras fueron candidatos, incluyendo a los que aspiraron a la reelección para el cargo, se les vio la mayor parte del tiempo caminando por las calles de la ciudad, montar en bicicleta, subirse al TransMilenio y a los buses del SITP, ingresar a cafeterías y panaderías de barrios de estratos 1, 2 y 3, llegando incluso a tomar tinto o aromática, sin la mayor preocupación porque algún riesgo de seguridad les impidiera realizar este tipo de actividades.
Hoy que ya tienen el cargo asegurado no solo no se les ha vuelto a ver por los lugares mencionados anteriormente, sino que se niegan a bajarse de su vehículo blindado y abandonar el esquema de seguridad, que por motivos que aún no se logra entender, administraciones pasadas firmaron con la entidad del orden nacional encargada de este asunto.
Este caprichito de los cabildantes nos cuesta a los bogotanos la bobadita de $7.000 millones, pero por supuesto, como es de esperarse, cuando se les pregunta por este asunto, no saben/no responden, incluyendo aquellos a los que en campaña se les llenaba la boca repitiendo a grito entero: "recursos públicos, recursos sagrados", pero que hoy, que ya están en el cargo, les queda grande aplicar esta frase dentro de su propio actuar.
Me gustaría que alguien nos cuente a los bogotanos cuáles son los riesgos en seguridad que tienen concejales como Luz Marina Gordillo, Yefer Vega o María Victoria Vargas, por ejemplo, como para justificar que tengan un carro blindado.
En un país como el nuestro, donde los líderes sociales son amenazados o expulsados de sus territorios, no se pueden desperdiciar los esquemas de seguridad en gente que no los necesita y que los tiene únicamente por simple vanidad. No renuncian a ellos porque se les baja la autoestima y no se sienten personas importantes, además de que ya no tendrían quién les lleve el colegio a los niños, les haga el mercado, les paguen los servicios públicos, les hagan la fila en el banco y, sobre todo, les recoja a la esposa o el esposo.
Estoy seguro de que si salgo a la calle y hago una encuesta preguntando a los bogotanos si saben los nombres de los concejales de la capital, la mayoría de ciudadanos me responderán que no se acuerdan, y quienes si les recuerdan, escasamente nombrarán al que le dieron el voto, lo que indicaría que ocupar este cargo no les hace un personaje de gran importancia a nivel nacional como para justificar que se les brinde camioneta blindada, conductor, escolta y dos policías.
Esos recursos que el Distrito se gasta cuidando a quien no tiene riesgos de seguridad bien se podrían utilizar en adecuar y dotar mejor a más colegios públicos en Bogotá, reestructurar las plantas físicas de los hospitales como el de Kennedy, que lleva más de ocho años convertido en símbolo de la corrupción en la capital, etc.
Bogotá es una ciudad con muchas necesidades de tipo social que requieren atención inmediata. No se pueden desperdiciar los recursos complaciendo las vanidades de los concejales. Le hago el llamado a la alcaldesa Claudia López y a su equipo jurídico para que revisen este asunto y busquen la manera de ponerle punto final.
Muy bien por los pocos concejales que han demostrado firmeza en su intención de no prestarse a que se mal gasten los recursos públicos de Bogotá, pero qué mal por quienes han preferido darle rienda suelta su vanidad y prefieren que se les mire como un ejemplo a no seguir. Son pocos los cabildantes que requieren esquemas de seguridad, de diez no pasan.
No entiendo entonces la razón para mantener un tema que para la ciudad es bastante costoso.