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Difícil situación están viviendo los integrantes del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del corregimiento de Punta Arena, en la Isla de Tierrabomba, por cuenta de las advertencias que le hace el Ministerio de Defensa a través de la Armada de Colombia. Les han hecho ver que muy pronto puede darse un desalojo en unas tierras de este territorio, que la entidad reclama como propias.
Una vez más, el Ministerio de Defensa ejerce la reclamación, no sé si con la idea de construir una base militar. Es muy posible que este sea el objetivo. El tema es que, de nuevo, aparece el debate de si los asuntos de seguridad del Estado deben estar por encima de los derechos ancestrales de las diferentes comunidades que habitan nuestro territorio.
El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Punta Arena es habitado aproximadamente por 700 familias y fundado hace más de cien años. Desde hace mucho tiempo ha tenido que resistir diferentes hostigamientos por parte de la institución, algunos de estos se hicieron más fuertes durante el primer período del gobierno Álvaro Uribe con Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa.
No es posible que esta situación se presente ahora con un gobierno que se precia de ser el más que escucha a las comunidades, el que más las atiende y el que más trabaja por el restablecimiento sus derechos, uno de ellos el de la tierra.
Es necesario que a este territorio previamente lleguen el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, el director de la Agencia de Tierras para que, junto con las autoridades locales y el mismo consejo comunitario, dialoguen hasta encontrar una solución adecuada que evite que a la isla arriben unos militares para expulsar a quienes se han encargado por más de cien años de darle vida económica al territorio con productos agrarios y a hacer de esta zona del país su lugar de vivienda.
Para esto se requiere que la Agencia Nacional de Tierras, rompa su silencio y revise la resolución No. 4192 del 5 de agosto de 2015, en donde se establece que, de 1.984 hectáreas de la isla, 876 son privadas y 1.108 son públicas, que corresponden a 7.671 metros cuadrados, para de esta manera trabajar por el reconocimiento de los derechos de los habitantes y legalizar los predios que hacen falta por titular.
Por último, me pregunto también qué otro tipo de interés podría estar acompañando la intención de la reclamación de estas tierras, donde existe actividad turística con presencia hotelera.
Los habitantes de este territorio claman por sus derechos ancestrales que no pueden ni deben ser vulnerados.